Justicia boliviana declaró en rebeldía a Evo Morales y ordenó su detención
La Justicia boliviana declaró hoy viernes en "rebeldía" al expresidente Evo Morales (2006-2019), como parte del caso en denuncias de trata y tráfico de personas, por lo que lanzó una orden de aprehensión en su contra y ordenó el congelamiento de sus cuentas bancarias.
El juez de Tarija, Nelson Rocabado, emitió la decisión junto a un mandato de arraigo nacional, una nueva orden de aprehensión y la anotación preventiva de sus bienes, luego de que el exmandatario se ausentó por segunda vez de las audiencias.
La audiencia había sido suspendida el martes luego de que la defensa de Morales presentó un certificado médico indicando que el exmandatario sufre de bronconeumonía y este viernes lo volvió a hacer, sin embargo, Rocabado observó que el diagnóstico no había sido respaldado por un especialista neumonólogo ni realizado dentro del plazo estipulado, además de que la afección no requiere reposo absoluto.
Ante esto, el juez instruyó además la publicación de un edicto judicial con los datos del acusado, reforzando su impedimento de abandonar el país y designó un abogado de oficio para representarlo en el proceso judicial.
Según el ordenamiento jurídico, la declaratoria de rebeldía tiene diversas consecuencias legales para el denunciado, incluyendo la continuidad del proceso penal en su ausencia, la emisión de orden de aprehensión, el embargo de bienes y la pérdida de ciertos derechos como una apelación de una sentencia dictada en su ausencia.
Por su parte, el abogado defensor de Morales y exministro de Gobierno, Jorge Pérez, aseguró en declaraciones a la prensa que su cliente atraviesa problemas de salud que le obligan a mantener reposo absoluto por al menos 14 días, y solicitó al juez verificar personalmente la situación en el trópico de Cochabamba, su bastión político, donde se encuentra protegido por seguidores.
Anunció además que apelará la resolución al considerarla basada en información obtenida de internet y no en los certificados médicos, y reiteró que el caso es "ilegal" y parte de una persecución política. (NA)