Córdoba: comienzan a juzgar a personas imputadas por un crimen encargado desde la cárcel

El viernes 23 de mayo de 2025, a las 9 horas, comenzará a desarrollarse en la Cámara en lo Criminal y Correccional de 6° Nominación, de la ciudad de Córdoba, el juicio oral por la muerte de Daniel Enrique Coria. El hecho está caratulado como homicidio calificado por precio o promesa remuneratoria. Están acusados de participar en el hecho Carlos Daniel Figueroa, Matías Gabriel Palacios, Héctor Oscar María Figueroa, Michael Joel Figueroa, Martín Ezequiel Silva y Pablo Mario Silva.

El tribunal estará integrado por los camaristas Pablo Brandán (presidente), Enrique Buteler y Esteban Díaz Reyna y por jurados populares. También participará de las audiencias, en carácter de querellante particular, la madre de la víctima, Rita Ramona Josefa Carrizo. 

Según la acusación, en febrero del año 2023, desde el Establecimiento Penitenciario n.° 2 de Cruz del Eje, donde se encontraba alojado, el acusado Pablo Mario Silva le encomendó la muerte de Coria a los coimputados Carlos Figueroa, Héctor Figueroa y Michael Figueroa, a cambio una suma de dinero. La ejecución del crimen se habría producido unas horas después del encargo en un basural ubicado en barrio Parque del Este, de la ciudad de Córdoba, presumiblemente mediante un arma de fuego. Luego del deceso, los imputados habrían incendiado el cuerpo de la víctima a fin de hacerlo desaparecer. Unos días después del hecho, Martín Silva le habría hecho llegar el dinero a familiares de los imputados Figueroa (puesto que ellos ya estaban detenidos) y, además, habría retirado las armas utilizadas en el crimen. 

Estrictas medidas de seguridad

El juicio se desarrollará bajo estrictas medidas de seguridad. Por pedido del Ministerio Público Fiscal, las audiencias se realizarán a puertas cerradas. Este requerimiento se funda en la necesidad de preservar la seguridad y la integridad personal de los ciudadanos que integran el jurado popular como así también de las personas que serán citadas a declarar en el debate como testigos.

Por esta razón, la Cámara en lo Criminal y Correccional de 6° Nominación dispuso que este debate oral se lleve a cabo a puertas cerradas; aunque autorizó el acceso a la sala de audiencias de los representantes de la prensa, que cuenten con la debida acreditación. En una resolución, el tribunal además prohibió el registro audiovisual de imágenes que reproduzcan los rostros o cualquier otro rasgo que permita identificar a integrantes del jurado popular, testigos y víctimas.