La Justicia habilitó el aborto no punible en Córdoba

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba habilitó hoy el protocolo de procedimientos para la práctica del aborto no punible en los hospitales públicos, que se encontraba frenado desde hacía seis años.

El TSJ rechazó un recurso de amparo que había presentado un grupo católico en 2012, que mantenía congelada la guía. Ahora, la asociación católica Portal de Belén, que preside el legislador cordobés Aurelio García Elorrio, tiene diez días para presentar una apelación ante la Corte Suprema de Justicia.
El máximo tribunal de la provincia, en un fallo dividido, desestimó el recurso de amparo contra de la resolución del Ministerio de Salud local que había fijado un procedimiento para los casos de embarazos producto de violación o que ponen en riesgo la salud de las madres.

El TSJ no resolvió sobre la constitucionalidad de la guía confeccionada por el Ministerio de Salud cordobés, al considerar que no correspondía expedirse porque no se trataba de ningún caso puntual.
El tribunal, por cuatro votos contra tres, hizo lugar al recurso de Casación interpuesto por la Gobernación provincial y revocó la sentencia de la Cámara de Apelaciones, que había declarado inconstitucional el protocolo. Para los jueces, fue clave que no hubiera un caso concreto sobre el cual expedirse.

Militantes de la Campaña por el Aborto Nacional por el Derechos al Aborto Legal, Seguro y Gratuito organizaron un "pañuelazo" frente al edificio de tribunales a la espera del fallo, que estaba anunciado para este martes.
En marzo de 2012, la Corte Suprema de Justicia instó a los ejecutivos nacional y provinciales a garantizar el acceso al aborto no punible, y en ese marco el Ministerio de Salud cordobés publicó su protocolo, que rápidamente fue frenado por el amparo.

"Después de siete años de trabajo, marchas y contramarchas por parte del Portal de Belén, las mujeres de Córdoba podemos decir que por estar en la calle, por la lucha que hemos dado junto a miles de mujeres de distintos sectores políticos y sociales, vamos a garantizar lo que las leyes en Argentina garantizan desde 2012 y en Córdoba estaba suspendida", aseguró la legisladora Liliana Montero, en declaraciones a Cadena 3.

A su turno, la diputada Olga Rista (UCR) consideró que "es una cuestión de Justicia y algo que había decidido la Corte", por lo que "no era un tema a discutir".

"Córdoba es una provincia que desde hace casi seis años tenía esta ley y creo que había una falla importante que se notó en los casos de algunas niñas jóvenes violadas que no pudieron hacerse el aborto", resaltó.