EcoObjetivo Por: El Objetivo12 de mayo de 2026

Biodiversidad: Córdoba se posiciona como referente en el uso responsable de recursos genéticos

Una empresa biotecnológica utilizará recursos genéticos locales para el desarrollo de bioinsumos. El acuerdo con la Provincia garantiza la innovación y asegura la protección de la biodiversidad.
convenio con a la empresa SummaBio

El Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de la Secretaría General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía, firmó un convenio mediante el cual autoriza a la empresa SummaBio, miembro de la Cámara Argentina de Bioinsumos (CABIO), a hacer uso comercial de productos a base de recursos genéticos obtenidos en la provincia.

Tal como establece la legislación vigente, los recursos naturales -y dentro de ellos los recursos genéticos- son de dominio de las provincias; el acceso a estos recursos debe realizarse de manera legal, y en caso de generarse beneficios económicos a partir de su uso, debe garantizarse una participación justa y equitativa.

En este marco, la secretaria General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía, Victoria Flores, y la presidenta de SummaBio, Jimena Sabor, firmaron un acuerdo que marca un hito para la industria biotecnológica nacional al formalizar el acceso y la comercialización de productos desarrollados a partir de recursos genéticos autóctonos.

La autorización otorgada alcanza a tres bioinsumos de vanguardia diseñados para una agricultura más sostenible, que utilizan microorganismos naturales para potenciar los cultivos: dos de ellos se basan en soluciones basadas en bacterias benéficas que actúan como fungicidas biológicos, protegiendo las plantas de hongos de manera eficaz y sin químicos agresivos.

Flores destacó el acuerdo y remarcó: “Este convenio refleja el camino que queremos para Córdoba: una articulación público-privada inteligente, que potencia a un sector estratégico como el agro, pero siempre con una mirada puesta en el cuidado de nuestros recursos naturales. La biodiversidad no es solo patrimonio, es también una oportunidad de desarrollo si la gestionamos de manera responsable”.

Un tercer producto contribuye a la resiliencia climática y ayuda a los cultivos a tolerar mejor situaciones críticas, como la falta de agua o el exceso de sal en el suelo.

Como contraprestación, la firma, dedicada al desarrollo de biotecnología aplicada al agro, deberá abonar anualmente las regalías acordadas derivadas de su venta.

A su vez, Jimena Sabor, presidente de CABIO, destacó el impacto positivo de este modelo de gestión: "para las empresas que formamos parte de CABIO, este convenio con la Provincia de Córdoba es un paso fundamental. Demuestra que la innovación biotecnológica y la sostenibilidad pueden ir de la mano.”
Y agregó: “La implementación efectiva de normativas como el Protocolo de Nagoya nos brinda la seguridad jurídica necesaria para invertir y desarrollar, sabiendo que estamos contribuyendo a valorar el patrimonio natural de Argentina. Este acuerdo sienta un precedente valioso para todo el sector de bioinsumos en el país."

Además, la empresa asume la obligación de informar a la Secretaría General sobre los avances en investigación y desarrollo vinculados a este recurso genético; dejando constancia expresa de que el recurso genético utilizado pertenece al patrimonio natural de la Provincia de Córdoba.

De esta forma, el acuerdo no solo habilita un producto innovador para el sector agropecuario, sino que consolida un modelo de gestión en el que la biodiversidad se protege, se valora y se utiliza de manera estratégica, asegurando que los beneficios que genere regresen a la provincia que la resguarda.

Marco legal asociado

El acuerdo se encuadra en normativas nacionales e internacionales, como el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el cual establece como principios fundamentales la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes y la distribución justa y equitativa de los beneficios que se obtengan a partir de los recursos biológicos y genéticos, objetivo desarrollado en el Protocolo de Nagoya, aprobado en 2015 mediante la Ley N° 27.246.

A partir de este marco, los Estados —y en el caso argentino, las provincias como titulares de sus recursos naturales— tienen la potestad de regular el acceso y fijar condiciones para su utilización.

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