Una polémica se desató hoy luego de trascender que el Gobierno pagó $ 384 millones en alimentos a precios que en varios casos están por encima de los valores testigos fijados por la Sindicatura de la Nación, lo cual fue justificado por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, al señalar que se está "en emergencia" por el coronavirus.

Arroyo admitió que los precios de los alimentos comprados por su cartera para asistencia social están "por encima" de los valores testigos. "Hemos hecho una compra extraordinaria de alimentos porque aumentó de 8 millones a 11 millones la cantidad de personas que van habitualmente a comedores y escuelas, por los trabajadores informales que se quedaron sin ingresos", dijo el funcionario.

Explicó que se hicieron compras extraordinarias de leche, aceite, azúcar, arroz, lentejas, fideos y harina por medio de una licitación pública en la que participaron más de once empresas, y en la que la Sindicatura General de la Nación establece los precios testigo.

"Se convocó a más de once proveedores. En ningún rubro se adjudicó a una sola empresa. No pudimos llegar a comprar más alimentos porque nadie presentó oferta por el volumen total que se estaba planteando", dijo Arroyo en declaraciones a C5N.

Explicó además que en el caso de los fideos se pagó 84 pesos por kilo, no por paquete de medio kilo, en respuesta a una polémica en redes sociales sobre los precios que el Gobierno aceptó pagar.

"Azúcar y aceite están por encima de los precios testigo de la Sigen porque no contemplaban la logística. Se evaluó que claramente había que comprarlo igual porque estamos en emergencia", dijo Arroyo.

El funcionario sostuvo que se está "en una situación muy crítica" y se le pidió a los proveedores que "se presenten y ayuden a bajar los precios".

El ministerio hace compras permanentes: en términos generales, adquiría 8 millones de kilos por mes y se intentó comprar ahora 12 millones, pero no se ha conseguido todo ese volumen.

Uno de los dirigentes que cuestionó la operación fue el líder de la CTEP Juan Grabois -cercano al kirchnerismo-, quien consideró que las compras son una "estafa a los pobres". "Estas son las cosas que me enferman y no se pueden dejar pasar. Algún ´hdp´ compró fideos al TRIPLE de lo que valen y de la peor calidad. Nosotros compramos a $28 el paquete versus $84. Es una estafa a los pobres", denunció Grabois.

Con la firma exclusiva de Arroyo, se publicó en el Boletín Oficial que el Gobierno compró alimentos. Los precios, contrastados con minoristas -no mayoristas como adquirió el Ministerio de Arroyo Social-, tienen amplias diferencias.

Por ejemplo, el Gobierno compró aceite de una tercera o cuarta marca por 157 pesos cuando se ofrece al mismo precio uno de primera marca.

Según la lista de precios máximos que publicó el gobierno de la provincia de Buenos Aires se puede conseguir el aceite, de una marca mejor y a precio minorista, a 135 pesos.

Pero la mayor diferencia, según denunció Grabois, se encuentra en los fideos: el Ministerio de Desarrollo Social le compró a la firma Sol Ganadera SRL paquetes de semolados de 500 gramos cada uno, con un precio unitario 85,76 pesos, marca Doña Luisa/Sua Pasta; y a Copacabana otros 340.000 paquetes con un precio unitario de 84,77 pesos, Pastasole.

En tanto, a Forain SA se le compraron 340.000 envases de fideos semolados de 500 gramos, precio unitario 84 pesos, marca Aldente/Pastasole. Y Grabois denunció que la organización a la que pertenece compró fideos, de mejor calidad, a 24 pesos el paquete, casi un 300 por ciento menos. "Confío en que @alferdez (Alberto Fernández) va a ponerle los puntos al responsable", cerró Grabois en su mensaje de Twitter.

Las compras fueron realizadas por una contratación directa, sin tener en cuenta el Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional, dado que así lo habilitó el Decreto 260/20 en el que se determinó la emergencia pública en materia sanitaria.

La Secretaría de Articulación de Política Social indicó la necesidad de sumar acciones a fin de abastecer de manera inmediata las urgencias producidas a fin de evitar impactos más gravosos para la población de alta vulnerabilidad en razón del brote del nuevo coronavirus.