Los adjudicatarios del barrio Vicor 340 viviendas plantearon una compleja situación ante las medidas tomadas por la Dirección General de Viviendas que bloqueó sus cuentas impidiéndoles  que paguen las cuotas y pretende aplicar una refinanciación que pone en riesgo la permanencia de las familias en sus hogares. El conflicto se replica en otros barrios de la ciudad de Córdoba construidos por el Estado provincial.

En el comunicado dado a conocer por los habitantes del complejo de viviendas sociales se expresa “nuestra disconformidad por el bloqueo de las cuentas de nuestras casas. Se nos ha aumentado los montos de las cuotas en un 2000% aproximado del valor inicial de la vivienda. Que sumado a ello, con dicho bloqueo de las cuentas el gobierno interfiere de manera directa en quienes tenemos la intencionalidad de pago, ya que primero bloquearon luego notificaron. Con esto también, se nos niega la posibilidad de tener previsibilidad del monto que pagaremos en meses posteriores, debido a que la refinanciación que ofrecen es reajustable dos meses al año sin índice de aumento estipulado”.

La situación es grave porque pone en riesgo la posibilidad de permanecer en sus viviendas a familias que tienen personas con discapacidad, y con mujeres como jefas de hogar. En tal sentido vale recordar que el complejo de viviendas sociales fue adjudicado en 2009 para familias de personal policial y penitenciario, familias con personas con discapacidad, y ex combatientes de Malvinas.

El comunicado pone en evidencia también que “en relación a la infraestructura, el barrio se encuentra sin final de obra y nuestras casas fueron entregados en formato base, sin pisos, con paredes sin revocar, propensas a la humedad; gran parte de los terrenos están en zonas de mallines y nuestras viviendas sufren hundimientos permanentes. Nuestros hogares están situados entre dos plantas cloacales que constantemente desbordan sus líquidos al aire libre, siendo riesgoso para la salud y principalmente por la alta población de personas con discapacidad que residen en el barrio, demostrando una clara falta de sensibilidad social”.

“Por otro lado, teniendo en cuenta que no todos los vecinos que habitan el barrio son empleados estatales, con el reajuste del valor de la vivienda se está invisibilizando a las familias en situación de vulnerabilidad económica, personas con discapacidad, madres sostén de hogar, familias numerosas, o que por la situación sobreviniente de la pandemia hoy se encuentran desempleadas o con serias imposibilidades de pagar los incrementos incesantes que se estipulan”, resalta el documento.

“Por los motivos precedentes, exigimos a la Dirección General de Vivienda, Subsecretaría de Vivienda del Gobierno de la Provincia de Córdoba el inmediato desbloqueo de las cuentas, y el no incremento de las cuotas del plan de vivienda a través de la refinanciación de las casas al valor actualizado de las viviendas mejoradas (por los mismos adjudicatarios)”, plantean los vecinos.

“Manifestamos nuevamente que pese a las deudas adquiridas y el atraso en los pagos, existe por parte de los beneficiarios de la vivienda social, la voluntad de pago de las cuotas debidas. Solicitamos que el Estado respete el derecho a la vivienda digna consagrado en el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional y por tanto nuestro anhelo de ser propietarios de la misma”, concluye el comunicado.