Un total de 7.332.925 bolivianos están habilitados para elegir presidente y otros cargos, como corolario de un proceso electoral atravesado por la crisis económica y el coronavirus, en el que se enfrentan en un clima tenso varios candidatos que representan sustancialmente dos modelos antagónicos de país: uno estatista y plurinacional y otro neoliberal y de élites.

Bolivia llega a esta elección luego de un año dramático, que comenzó con la indefinición de las presidenciales de 2019, con acusaciones de fraude para reelegir a Evo Morales, que fueron avaladas por la Organización de Estados Americanos (OEA) y sirvieron para forzar su renuncia, el 10 de noviembre, y la instalación de un gobierno irregular.

En ese marco de tensión, con al menos 33 personas muertas durante el golpe, la pandemia del coronavirus forzó la postergación de dos fechas electorales, en medio de denuncias contra el gobierno de facto de Jeanine Áñez de intentar utilizar la crisis sanitaria para socavar las posibilidades del Movimiento Al Socialismo (MAS), cuyos principales dirigentes están bajo acoso judicial por diversos cargos.

El candidato del MAS, Luis Arce, aparece en los sondeos como el probable ganador, aunque deberá alcanzar el 40% de los votos con 10 puntos de diferencia de su seguidor para ganar directamente en esta primera vuelta.

En caso de ir a segunda vuelta, convocada para el 29 de noviembre, las chances del MAS de volver al gobierno son menos ciertas. Por esta razón, la apuesta es a todo o nada para este domingo.

Tal como en las frustradas elecciones del año pasado, el segundo en las intenciones de voto es el expresidente Carlos Mesa, candidato de Conciencia Ciudadana, un liberal moderado que representa a las élites del oriente boliviano.

Y el tercero, que puede incidir en el resultado, es el ex prefecto de Santa Cruz de la Sierra Luis Fernando Camacho, que se postula por Creemos y representa a la derecha más radical y elitista.

Todo el espectro viene presionando a Camacho para que respalde a Mesa, porque consideran la unión del voto de derecha “es la única forma de evitar que gane el MAS”, según dijo la presidenta de facto, Jeanine Áñez, al retirar su propia postulación, al ver que no convocaba al electorado.

El resto de los candidatos son Chi Hyun Chung, del Frente para la Victoria; Feliciano Mamani, del Partido Acción Nacional Boliviana, y María de la Cruz Bayá, de Acción Democrática Nacionalista.

Además de presidente y vice se eligen 36 senadores y 130 diputados, entre otros cargos.

Una de las pocas certezas en este proceso es que quien pierda difícilmente se resigne a aceptar el resultado. En caso de que gane el MAS tendría que ser muy amplia su ventaja para ahogar los previsibles reclamos de los sectores más radicalizados, con Camacho como figura sobresaliente.

El escritor y periodista Fernando Molina, autor de varios libros sobre economía e historia contemporánea de Bolivia, analizó en diálogo con Télam que lo que está en juego es consolidar el cambio de sistema que se lanzó con el derrocamiento de Morales o volver al sistema armado por el MAS en sus 14 años de Gobierno.

Afirmó que Jeanine Áñez asumió el gobierno para “finalizar con el capitalismo de Estado y avanzar hacia un capitalismo más mercantil”, de modo que sean los bancos y las empresas quienes lideren el proceso económico con que se intente salir de esta crisis.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) el desempleo urbano se duplicó en la medición interanual y llegó al 8,4% en el segundo trimestre de 2020, con el consiguiente impacto en los niveles de pobreza de un país donde el 62% de los trabajadores están en negro.

Para este retorno a las normas liberales del capitalismo la Constitución Política del Plurinacional, aprobada en 2009, es un impedimento. “El objetivo (para este sector) sería salir del Estado Plurinacional para volver a la República, basada en principios liberales clásicos. Ese cambio significa la eliminación física de las organizaciones sociales y por ende la pérdida del poder que adquirieron durante el gobierno del MAS”, agregó Molina.

Claro que los sectores sociales son consientes de que una organización elitista los excluye y restaura las viejas jerarquías sociales, y se oponen terminantemente a ese cambio.

El tema, como en tantos lados, son las clases medias que hace un año terminaron por avalar el derrocamiento de Evo Morales, donde primó el enojo por su postulación a pesar de que el referendo de febrero de 2016 le había negado esa posibilidad.

Muchos de esos votantes de clase media ahora estarían dispuestos a volver a votar al MAS, pero Morales les sigue resultando refractario. Por eso el expresidente declaró en un video difundido el último jueves que no interferirá en un posible Gobierno de Arce.

“Lucho y solamente Lucho será Presidente de Bolivia, con todas las atribuciones y responsabilidades que eso implica”, dijo Morales. Su tarea en adelante, agregó, será “formar nuevos líderes”.

Por otra parte, las Naciones Unidas, el Vaticano y la Unión Europea (UE), entre otros, exhortan a las partes a propiciar un proceso electoral transparente, pero el Tribunal Superior Electoral (TSE) reemplazó el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) por la Difusión de Resultados Preliminares (Direpre), que según las críticas lentifica el proceso y puede propiciar la difusión de resultados parciales que enciendan la mecha de alguna reacción.

“Yo creo que era mejor el sistema que se tenía anteriormente (TREP), donde se mandaba las fotografías (de las actas de mesa) directamente, porque todos sabemos que cuando una cosa sale de un sitio y llega a otro en medio pueden pasar muchas cosas”, afirmó la veedora por la UE María Teresa Mola Sainz, dejando abiertas las suspicacias.

Fuente: Télam