Mientras las protestas continuaban hoy en Colombia, representantes del Comité Nacional del Paro y legisladores mantuvieron una audiencia pública para buscar una solución conjunta a las demandas sociales que derivaron en ocho días consecutivos de manifestaciones y una feroz represión que hasta el momento dejó 24 muertos y más de 800 heridos.

Sin embargo, desde la calle, mientras las invitaciones a diferentes movilizaciones y velatones (vigilias) y las recomendaciones para evitar confrontaciones con las fuerzas de seguridad seguían circulando, muchos manifestantes piden primero una desmilitarización de las ciudades y el fin de la represión.

El clima de tensión se enrareció aún más en Colombia cuando el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, anunció que Duque y el representante del Comité Nacional del Paro ya acordaron una reunión para el próximo lunes.

Una de las voces que se sumó hoy al coro de reclamos internacionales fue la del jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrel.

Con esta presión internacional bien presente, un diálogo comenzó a forjarse hoy por primera vez desde que comenzó este movimiento de protestas contra una reforma impositiva que el Gobierno ya se vio obligado a retirar del Congreso.

Duque no se vio cara a cara con los líderes de las protestas aún, pero sí se reunió hoy con los presidentes de los distintos órganos de la Justicia. 

Uno de los representantes del comité que intervino en la audiencia fue Omar Moreno, director de Derechos Humanos de la Central Unitaria de Trabajadores, y fue contundente al responsabilizar al Gobierno Nacional por la violencia institucional vivida en los últimos días y viralizada en las redes sociales.

De acuerdo a las cifras relatadas por Moreno, se contabilizaron más de 407 heridos por las fuerzas de seguridad, 42 desaparecidos reportados, 31 personas con mutilaciones oculares, 15 agresiones sexuales de mujeres por parte de las fuerzas públicas, diez allanamientos y 58 defensores de derechos humanos agredidos.

Entre los reclamos, los principales puntos fueron la desmilitarización de la ciudad, el castigo por los responsables de la violencia institucional, la garantía al derecho de la protesta social, el rechazo a la figura legal del estado conmoción interior que está promoviendo el expresidente Álvaro Uribe para limitar las garantías constitucionales, y negociar el pliego de emergencia, con la privatización de la salud y reforma laboral en el Congreso.

El inicio del diálogo es apenas un elemento positivo en un momento en que, no obstante, miles de personas se mantienen firmes en las calles.

En tanto en la ciudad de Cali, convertida en estos últimos días en el epicentro de las manifestaciones y la represión de las fuerzas del Estado, la Iglesia Católica y organizaciones de la sociedad civil impulsaron un acuerdo local para abrir un corredor humanitario que permita suplir la escasez de alimentos y material sanitario. (Télam)