La abogada Valeria Carreras, que patrocina a un grupo de familiares de submarinistas fallecidos en el hundimiento del ARA San Juan, pidió que el ex presidente Mauricio Macri sea detenido tras haber anunciado en redes sociales que no se presentaría a declarar ante el juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava.

A través de un escrito presentado ante el magistrado, la letrada peticionó que "se tenga por acreditada la reticencia y la incomparecencia injustificada del reo Macri" y que, ante ello, "se haga efectiva la orden de detención prevista en el artículo 288 del Código Procesal Penal".

En su presentación, Carreras exigió que "se tenga presente la falta de cumplimiento de los dichos de la tercera ajena a la causa Patricia Bullrich" y también se advierta "la línea de tiempo que marca una conducta dilatoria en el imputado".

"La querella que represento sólo quiere que se haga lo correcto", culminó el escrito, en el que la abogada señaló que si Macri no es detenido se estará "frente a una nueva ofensa no sólo a los familiares sino al pueblo argentino todo, que no pide cárcel ni sangre, sólo pide justicia".

"No me presentaré mañana hasta que los planteos que hará mi abogado sean resueltos para garantizarme el debido proceso y la defensa en juicio", afirmó el exmandatario en el último de una seguidilla de mensajes que publicó ayer en su cuenta personal en la red social Twitter.

"Quiero ser claro: no tengo nada que ver con esta causa. Jamás espié ni pedí que se espiara a las familias vinculadas con la tragedia del ARA San Juan", aseguró el expresidente en su hilo de mensajes, en los cuales criticó al juez Bava, quien lo citó a indagatoria.

La acusación

Macri está imputado por haber "ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias", entre diciembre de 2017 y fines de 2018, en contra de los familiares de los tripulantes del hundido submarino Ara San Juan, según el magistrado.

Las tareas supuestamente habilitadas por el expresidente habrían consistido en "la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de Derechos Humanos".

"Entre esas tareas de espionaje prohibidas por ley, se le imputa haber ordenado y posibilitado la realización de numerosas de ellas con el propósito de obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan", según detalló el juez Bava en la resolución que emitió el 1 de octubre.