La defensa de los policías dijo que no tuvieron intenciones de matar, pero la querella lo rechazó

Sociedad 09 de septiembre de 2022 Por El Objetivo
En la segunda audiencia del jucio por la muerte de Blas Correas, el abogado del cabo primero Lucas Gómez expuso que su defendido “nunca quiso matar a nadie" y dijo que "el procedimiento fue excesivo pero no intencional”.
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Los padres, familiares y amigos de la víctima estuvieron presentes en la sala de debate. Foto: Télam

Los defensores de los dos policías que dispararon contra el auto en el que viajaba Blas Correas (17), el joven que murió de un tiro en la espalda la madrugada del 6 de agosto de 2020 en un control de vehicular en la ciudad de Córdoba, coincidieron hoy en el juicio que los imputados no tuvieron "intención de matar”, pero la querella refutó esa hipótesis y dijo que “indudablemente" los efectivos dispararon sabiendo que podían provocar la muerte.

En la segunda audiencia del juicio oral y público, con jurados populares y el tribunal técnico de la Cámara 8va. del Crimen de la ciudad de Córdoba, las defensas de los 13 policías imputados concluyeron esta tarde con los alegatos de apertura del debate oral y público, exponiendo sus visiones y estrategias con respecto a la calificación legal que enfrentan sus defendidos.

El abogado Gastón Schonfeld expuso que su defendido, el cabo primero Lucas Gómez que efectuó cuatro disparos y uno de ellos terminó con la vida de Blas Correas, “nunca quiso matar a nadie" y dijo que "el procedimiento fue excesivo pero no intencional”.

En ese sentido, añadió que la conducta de Gómez se encuadra en un “exceso de legítima defensa putativa”, contemplado en el artículo 35 del Código Penal, que ocurrió ante la “inminente presencia de personas que venían de delinquir o que iban a delinquir”.

Para el letrado, Gómez había sido alertado, por la frecuencia radial policial, que unos motociclistas habían denunciado que los que se movilizaban en el Fiat Argo en el que viajaba Blas Correas con sus cuatro amigos, habían intentado robarle.

A partir de esa circunstancia cometió “exceso funcional” al disparar el arma cuando el vehículo no detuvo la marcha ante la señal policial.

El abogado Schonfeld se dirigió al jurado popular para pedirle que se ajusten a sus roles de “dictar justicia valorando la participación y las cuestiones probatorias relativas a los hechos”, como así también “respetando los principios y normas constitucionales”.

En tanto el abogado Héctor Luna, defensor del cabo primero Javier Catriel Alarcón, afirmó que intentará demostrar que el suboficial “no mató a nadie, por lo tanto no corresponde la calificación legal” que se le adjudica como "coautor de homicidio calificado por abuso de su función y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego”.

De acuerdo a la acusación, Alarcón fue el policía que realizó dos de los seis disparos de arma que impactaron en el automóvil ocupado por Blas y sus cuatro amigos.

El defensor pidió al jurado "abstraerse” de todo lo que conocen a través de los medios y “valorar debidamente la prueba”, al sostener que eso es “fundamental para acreditar y condenar un hecho o para absolver de un hecho”.

El abogado querellante, Alejandro Pérez Moreno, refutó las posturas de los defensores de los acusados y aseguró que "es indudable" que tanto Alarcón como Gómez dispararon con “intención de matar”.

Además, remarcó en declaraciones a Télam que alguien que sabe utilizar un arma “sabe que va a dar muerte si la dispara” y sostuvo que “los policías nunca corrieron riesgo de vida. No había ninguna justificación para usar el arma. Los chicos huyeron porque se asustaron cuando vieron la pistola en la mano de los policías”.

La audiencia comenzó a las 9.25 y se extendió hasta las 16.20, jornada en donde también se indagó las condiciones personales de parte de los acusados, y luego el tribunal técnico decidió pasar a cuarto intermedio hasta el próximo miércoles a las 9 para culminar con ese trámite procesal.

Los padres, familiares y amigos de la víctima estuvieron presentes en la sala de debate, al igual que los representantes de Amnistía Internacional en su rol de "observador"’ y de la Secretaría de Derechos Humanos como "amicus curiae".

El hecho ocurrió la madrugada del 6 de agosto del 2020 cuando Blas Correas se hallaba dentro de un Fiat Argo junto a cuatro amigos con quienes iba a ir a tomar algo a un bar.

Cuando circulaban por avenida Vélez Sarsfield y Romagosa, uno de los jóvenes que conducía evadió un control policial porque -según reveló luego- se asustó porque uno de los policías le apuntó con un arma a la cabeza.

En ese momento, según la investigación, el suboficial Lucas Damián Gómez (37) efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria, mientras que el cabo primero Alarcón (33) disparó en dos oportunidades.

Las pericias determinaron que uno de los cuatro disparos efectuados por Gómez impactó en la espalda de Blas, lo que le provocó la muerte, mientras que otro de los disparos traspasó el apoyacabeza y la capucha del uno de los adolescentes que estaba sentado en el asiento delantero del Fiat Argo, a milímetros de su cráneo.

Posteriormente, y con el objetivo de simular un enfrentamiento con un grupo armado, los policías 'plantaron' un arma en las cercanías de la zona del control policial.

En este juicio, Gómez y Alarcón llegan al juicio como "coautores de homicidio calificado por abuso de su función y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego, homicidio calificado por abuso de su función en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos- y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos".

Y los restantes policías acusados son Sergio Alejandro González, Wanda Micaela Esquivel, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Jorge Ariel Galleguillo, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel Agustín Vélez, Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica.

Los cargos que enfrentan estos últimos son "falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y omisión de deberes de funcionario público". (Télam)

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