El Estado argentino fue considerado responsable por violar los derechos humanos de las víctimas del atentado a la AMIA y sus familiares y el derecho colectivo a la verdad, por lo que debe comprometerse con las investigaciones y las medidas de reparación. Así lo establece el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El ataque terrorista se produjo en la mañana del 18 de julio de 1994 y todavía no hay un resultado concreto de parte del Poder Judicial de Argentina respecto al esclarecimiento del hecho y sobre sus autores materiales e intelectuales.

“A casi treinta años del atentado, continúa sin conocerse la verdad de lo sucedido y no ha habido sanción para los responsables del atentado ni para los responsables de su encubrimiento. De esta forma, ha sido la propia actuación estatal la que ha impedido a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad de los hechos a través de la investigación y el proceso penal”, afirmó la Corte en su sentencia.

La Corte condenó al Estado argentino por su responsabilidad en la violación del derecho a la vida por la falta de prevención del atentado, por no investigar debidamente ni el atentado ni el encubrimiento, por violar el derecho a la verdad histórica y el derecho a la información, y por sus responsabilidades en el encubrimiento.

Entre las medidas más importantes, la Corte Interamericana ordenó que el Estado argentino remueva todos los obstáculos para investigar el atentado y el encubrimiento en un plazo razonable.  

Hace dos meses, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó que el encubrimiento del atentado no fue una fatalidad sino una maniobra deliberada, diseñada y ejecutada en las más altas esferas del poder político. Sin embargo, sostuvo condenas extremadamente bajas, que no tienen proporción con el daño causado.