En respuesta a los recientes comentarios del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien calificó al presidente argentino Javier Milei como “un malparido nazi fascista”, el Gobierno argentino, a través del vocero presidencial Manuel Adorni, manifestó su descontento y condena.

Adorni expresó que “el respeto por los derechos humanos no depende de la buena voluntad de un presidente autoritario ni de su séquito de obsecuentes”. Además, subrayó la importancia de que en Venezuela se respeten el proceso electoral y la integridad de todos los participantes en los comicios previstos para el próximo domingo.

El vocero también recordó el comunicado firmado el viernes por Argentina junto a Costa Rica, Guatemala, Paraguay y Uruguay, en el que se aborda el proceso electoral venezolano. En este contexto, la Cancillería argentina, liderada por Diana Mondino, había anunciado la reincorporación de Argentina a la denuncia realizada en 2018 ante la Corte Penal Internacional (CPI) para que se investigue al régimen de Caracas por la sistemática violación de derechos humanos. Esta denuncia había sido retirada por el expresidente Alberto Fernández en marzo de 2021.

El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino, emitido el viernes, declara: “En el día de la fecha, la República Argentina comunicó a la Corte Penal Internacional su decisión de reincorporarse a la remisión efectuada en 2018 sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela, de la que se había retirado en 2021. Esta decisión es congruente con las acciones y declaraciones que el Gobierno argentino ha venido adoptando desde el 10 de diciembre de 2023 frente al deterioro de la situación política y de derechos humanos en Venezuela. La República Argentina continuará bregando por el restablecimiento del estado de derecho y la defensa de los principios de la libertad y la democracia en ese país”.

Además, se exige “el inmediato cese del hostigamiento, persecución y represión contra activistas políticos y sociales de la oposición, así como la liberación de todos los presos políticos. De igual forma, exigimos al gobierno de Venezuela el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con el Derecho Internacional, en particular en lo que respecta a la emisión de salvoconductos para miembros de la campaña opositora asilados en la sede diplomática de la República Argentina en Caracas”.