El gremio de Luz y Fuerza manifestó su preocupación ante la posibilidad de que el Gobierno de Córdoba avance con la privatización de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC). Jorge Herrera Molina, secretario de la seccional Capital, cuestionó duramente al gobierno provincial y calificó el proceso como parte de una agenda privatizadora de larga data. Sin embargo, desde el Ejecutivo provincial desmintieron estas intenciones.

El reclamo sindical

En una entrevista con Ponete al Día, Herrera Molina expresó: “Hace 35 años quieren meterle mano a EPEC”. Según el líder gremial, no existen razones válidas para transformar la empresa en una sociedad anónima. “No hay ningún motivo para esto. EPEC es totalmente eficaz y está saneada económicamente”, aseguró.

El sindicato sostiene que la empresa no enfrenta problemas de rentabilidad, uno de los argumentos usuales para justificar privatizaciones, y denuncia que el verdadero objetivo sería facilitar la participación del capital privado en su gestión.

La respuesta oficial

Ante estas declaraciones, el Gobierno de Martín Llaryora negó que exista un proyecto de privatización. Daniel Pastore, ministro de Vinculación y Comunicación, explicó en diálogo con La Voz que EPEC está siendo sometida a un proceso de adecuación a la nueva normativa establecida por la Ley Bases, sancionada el año pasado.

“El gobierno considera que EPEC está funcionando bien. No hay interés en privatizar ni en incorporar capital privado”, afirmó Pastore. También aclaró que los cambios en discusión incluyen ampliaciones de funciones y la posibilidad de que la empresa pueda acceder al mercado de capitales porque ya es una sociedad anónima.

Además, el ministro recordó que otras entidades estatales, como Caminos de las Sierras y Bancor, operan bajo la figura de sociedad anónima sin estar privatizadas.

Un debate en desarrollo

Mientras Luz y Fuerza alerta sobre posibles riesgos para los trabajadores y la empresa, el Gobierno insiste en que se trata únicamente de un proceso de modernización administrativa. El debate continúa generando tensión, con ambas partes defendiendo posturas que parecen difíciles de conciliar en el corto plazo.

La situación pone nuevamente sobre la mesa el rol de las empresas públicas en el ámbito provincial y las implicancias de adaptar su estructura a las nuevas normativas.