El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó este miércoles que el Gobierno nacional interviene en las paritarias del sector privado para limitar los aumentos salariales con el objetivo de evitar una nueva escalada inflacionaria. Se trata de una práctica que los gremios venían denunciando desde hace meses y que fue una de las principales consignas detrás del paro nacional del pasado 10 de abril.

"Todo es un ancla para la inflación. Establecer la relación del salario con los índices de inflación es un ancla", expresó Francos en declaraciones periodísticas, justificando así la postura oficial. Según el funcionario, permitir que los salarios se actualicen por encima de ciertos topes genera un efecto dominó que repercute en los precios: "Si uno permite que el salario se vaya más allá de lo que se ha establecido como pauta, obviamente los precios aumentan y los que reclaman hoy por aumento del salario vuelven a pedirlo más adelante porque otra vez suben los precios".

Aunque Francos aseguró que “los salarios le vienen ganando a la inflación”, los datos de consultoras privadas muestran otra realidad. Según estimaciones basadas en los indicadores del Indec, los salarios privados registrados apenas superan en un 0,6% el nivel de noviembre de 2023, mientras que los del sector público están 14% por debajo del mismo período. Desde el Gobierno se apela al promedio general de los últimos tres meses, una métrica favorecida por sectores con aumentos muy superiores al promedio, como energía y minería.

En paralelo, se intenta sostener el discurso oficial a través de una comparación en dólares, amparada en la caída del valor de la divisa y no en un verdadero incremento del poder adquisitivo. Esta política de no homologar paritarias cuyos aumentos estén por encima de la inflación se viene aplicando de manera sistemática desde fines del año pasado.

Aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, ha declarado en varias oportunidades que el Gobierno busca “salarios altos en dólares”, la política concreta apunta a limitar las actualizaciones salariales. El tope no escrito, pero fuertemente sugerido, es una actualización mensual del 1%, cifra que queda muy por debajo de las proyecciones inflacionarias e incluso de los acuerdos que algunas empresas ya habían alcanzado con sus trabajadores.