La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, con una amplia mayoría de votos, un proyecto de ley que establece un aumento del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones (excepto para los regímenes especiales), junto a una suba del bono previsional de $70.000 a $110.000, que además se actualizará por inflación.

La iniciativa logró 142 votos afirmativos, 67 en contra y 19 abstenciones. El respaldo provino de una alianza entre bloques de la oposición dura y dialoguista, entre ellos Unión por la Patria, Frente de Izquierda, Coalición Cívica, Encuentro Federal, Democracia para Siempre e Independencia. En tanto, La Libertad Avanza, el PRO y algunos bloques provinciales votaron en contra, mientras que la UCR optó por abstenerse.

El bono, el eje del conflicto

El punto más sensible del proyecto fue la modificación del bono previsional. El nuevo monto de $110.000 y su actualización por el índice de inflación implican un mayor esfuerzo fiscal. Según estimaciones de la Oficina del Presupuesto del Congreso, el costo adicional sería de 0,26% del PBI. Esa cifra surge como un punto intermedio entre los dos dictámenes anteriores que proponían bonos de $105.000 y $115.000 respectivamente.

Reacción del Gobierno y amenaza de veto

El proyecto generó una fuerte reacción del Gobierno nacional, que advirtió que el presidente Javier Milei vetará cualquier iniciativa que afecte el equilibrio fiscal, incluso si el Senado convalida la media sanción.

Desde el oficialismo defendieron la postura de preservar el superávit fiscal, una de las principales metas del programa económico. No obstante, el avance de este proyecto revela la creciente dificultad del Gobierno para controlar el Congreso y encendió las alarmas en Casa Rosada.

Qué sigue

Ahora el proyecto deberá ser tratado en el Senado, donde la oposición también tiene posibilidades de reunir los votos necesarios para su aprobación. Si eso ocurre, el enfrentamiento entre el Congreso y el Ejecutivo podría escalar a un nuevo conflicto institucional, con la eventual aplicación del veto presidencial como próximo capítulo.

En paralelo, las jubilaciones mínimas ya cuentan con un bono de $70.000, que el Gobierno viene otorgando desde marzo, pero sin actualización. De sancionarse la ley, se abriría un escenario de presión social y política para que se efectivicen los nuevos montos.