La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados retomó este martes el debate sobre el capítulo laboral del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo. Durante el encuentro, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, expuso ante los legisladores y confirmó que el Gobierno trabaja desde hace dos meses en una reforma laboral junto a los firmantes del Pacto de Mayo.

El funcionario defendió la política laboral del Ejecutivo y aseguró que la prioridad es proteger al sector privado. “Si no se lo protege, se retira”, afirmó, al tiempo que negó demoras en la homologación de paritarias. Cordero señaló que la Secretaría de Trabajo mantiene un “diálogo permanente con sindicatos y empresarios” y que busca “un equilibrio entre ambas partes”.

Respecto a los aumentos salariales del 1%, el secretario justificó las cifras al indicar que “al modificarse la matriz económica, con una moneda más estable y sin impuesto inflacionario, la dinámica paritaria cambió”. Según explicó, el nuevo contexto permite “negociar sin correr detrás de la inflación”.

Desde la oposición, legisladores de Unión por la Patria (UP) y otros bloques cuestionaron la pérdida de empleo formal, el aumento de la informalidad y el cierre de empresas. Cordero respondió que la cartera trabaja en un plan de “incremento salarial dinámico”, vinculado al mérito individual y no a los acuerdos colectivos.

“Queremos que los salarios generen un diferencial por mérito. Si todos ganan lo mismo, se apunta hacia abajo. Los empleadores deben pagar más a los trabajadores que se destacan”, sostuvo el funcionario.

Cordero también adelantó que el Gobierno impulsa la negociación por empresa, un esquema que permitiría que cada compañía acuerde directamente con su representación sindical, incluso si las paritarias nacionales resultan difíciles de sostener. Esta medida cuenta con el respaldo del PRO y la UCR, y busca “adaptar los convenios a la realidad de cada región o sector”.

El secretario defendió además la eliminación de multas laborales incluidas en la Ley Bases, argumentando que “esas sanciones no beneficiaban al trabajador, sino al Estado”. Según dijo, la medida busca “reducir la informalidad y fomentar la contratación formal”.

“Eliminar las multas es solo el comienzo de un proceso. Lo que se hizo fue establecer una base para el desarrollo del empleo formal”, concluyó.