La reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional empieza a tomar forma con uno de sus cambios más profundos y discutidos: la incorporación del régimen de banco de horas, una herramienta que redefine la organización del tiempo de trabajo y desplaza al sistema clásico de horas extra. El mecanismo, que cobró relevancia internacional tras su aplicación en países como Grecia, aparece como uno de los ejes centrales que se debaten tanto en el Congreso como entre empresarios y representantes sindicales.

Según el borrador más reciente del Proyecto de Ley de Modernización Laboral, el banco de horas permitirá que empleadores y trabajadores celebren acuerdos escritos y voluntarios para fijar cómo se compensarán las horas extraordinarias. La norma exige métodos “fehacientes y verificables” para registrar tanto las horas trabajadas como aquellas en las que el trabajador se encuentre a disposición, garantizando así la fiscalización de la jornada.

El modelo propone que, en días de mayor demanda, el trabajador pueda sumar horas adicionales y luego compensarlas con francos o jornadas reducidas, lo que brinda una mayor adaptabilidad frente a los picos de actividad. A diferencia del sistema vigente, el pago de horas extra ya no se regirá exclusivamente por los recargos legales del 50% o 100%, sino que contemplará un plus menor, definido dentro del acuerdo de banco de horas. Para el Gobierno, esto reduce costos para el empleador, mientras preserva derechos esenciales mediante la voluntariedad y el respeto de los descansos.

Aunque se inspira en experiencias internacionales como la griega, donde la jornada puede extenderse hasta 13 horas en días específicos, el proyecto argentino no fija ese límite. En cambio, habilita que las extensiones y compensaciones queden dentro de los márgenes sectoriales, sin superar el máximo semanal previsto por la legislación.

Uno de los puntos más sensibles para el sindicalismo es que la iniciativa establece que los acuerdos por empresa podrán prevalecer sobre los convenios colectivos de actividad. Este cambio, argumenta el Gobierno, permitirá adaptar mejor la organización del trabajo a la realidad de cada establecimiento, siempre bajo supervisión de la autoridad laboral. Sin embargo, para las organizaciones gremiales podría debilitar la negociación sectorial y generar desigualdades entre trabajadores.

El proyecto también regula el uso del banco de horas para quienes trabajan a tiempo parcial, permitiendo sumar horas suplementarias con acuerdo voluntario, siempre sin exceder la jornada máxima legal. Los convenios colectivos podrán fijar límites a la cantidad de empleados bajo esta modalidad y definir mecanismos de pase a tiempo completo.

Otra modificación profunda es la eliminación de la ultraactividad. Si un convenio colectivo vence y no se renegocia, dejará de tener vigencia, acelerando los tiempos de negociación y tomando como piso la nueva legislación laboral. Para los sindicatos, este punto reduce su poder de presión en las paritarias.

El borrador señala que el banco de horas deberá garantizar estándares de protección y control, respetando los descansos diarios y semanales y dejando la posibilidad abierta a acuerdos tanto individuales como colectivos. Con estas características, el Gobierno busca ubicar el nuevo régimen como una pieza central en la transformación del mercado laboral argentino.