El presidente Javier Milei decidió congelar por tiempo indeterminado su salario y el de la vicepresidenta Victoria Villarruel, mientras habilitará una actualización de haberes para ministros, secretarios y subsecretarios del Gabinete nacional. La decisión será formalizada mediante un decreto que se firmará en las próximas horas y se publicará el viernes 2 de enero, según confirmaron fuentes oficiales.

Desde el entorno presidencial explicaron que la medida apunta a que tanto Milei como Villarruel queden excluidos del incremento salarial que alcanzará al resto de la planta política del Ejecutivo. En ese sentido, justificaron la excepción al señalar que ambos fueron “los únicos elegidos por la gente”.

La actualización de sueldos se aplicará por primera vez desde el inicio de la gestión y responde, según reconocieron fuentes oficiales, a una pérdida del poder adquisitivo cercana al 60 por ciento producto de la inflación acumulada desde diciembre de 2023. A pesar de ello, el Presidente resolvió no aplicar el aumento a su propio haber ni al de su compañera de fórmula.

La decisión se da en un contexto de tensión política entre Milei y Villarruel, cuya relación permanece deteriorada desde hace meses. La vicepresidenta había cuestionado públicamente en más de una oportunidad el nivel de su remuneración y, a comienzos de 2025, publicó un mensaje en redes sociales en el que afirmó: “Mi sueldo está congelado hace un año. En breve me pagan dos chirolas y soy vice”.

Desde el entorno de Villarruel evitaron realizar declaraciones sobre la determinación oficial. En Casa Rosada, en tanto, remarcaron que el congelamiento responde a una definición política del Presidente de mantenerse al margen de los aumentos salariales otorgados a la estructura gubernamental.

En la actualidad, el esquema salarial establece que el Presidente percibe $4.066.018, la vicepresidenta $3.764.820 y los ministros $3.584.006. Los secretarios cobran $3.282.709 y los subsecretarios $2.981.510. Según indicaron fuentes oficiales, el aumento previsto para los funcionarios quedaría, en promedio, un 30 por ciento por debajo de la inflación acumulada.