El Juzgado Federal N° 3 de Córdoba concedió este jueves la excarcelación al exlegislador provincial Oscar González, en el marco de la causa en la que está imputado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos agravado.

La resolución fue firmada por el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja y dispone el cese del arresto domiciliario una vez que se cumplan las condiciones económicas y formales fijadas por el tribunal.

La defensa de González, a cargo de los abogados Miguel Ángel Ortiz Pellegrini y Leandro Ortiz Morán, había solicitado el beneficio. El fiscal federal Maximiliano Hairabedián, en cambio, dictaminó en contra al considerar que persistían los riesgos procesales señalados previamente por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.

No obstante, el magistrado entendió que el estado actual del expediente permite otorgar la libertad bajo medidas de coerción alternativas a la prisión preventiva. En su resolución recordó que el principio de inocencia es la regla y que la privación de la libertad durante el proceso debe ser excepcional y debidamente fundada.

La imputación contra González

González está imputado como autor del delito de enriquecimiento ilícito con lavado de activos de origen delictivo agravado por su condición de funcionario público. La escala penal prevista supera los ocho años de prisión y contempla un mínimo que impediría una eventual condena de ejecución condicional.

Sin embargo, el juez sostuvo que la gravedad abstracta de la pena no resulta suficiente por sí sola para justificar la detención preventiva, sino que deben evaluarse de manera concreta los riesgos de fuga o de entorpecimiento de la investigación.

En ese sentido, resolvió reemplazar el arresto domiciliario por una serie de obligaciones. Entre ellas, la promesa formal de someterse al proceso y no obstaculizar la investigación, la comparecencia ante el juzgado el primer día hábil de cada mes, la prohibición de salir del país sin autorización judicial y la retención del pasaporte, que ya estaba en poder del tribunal.

Caución

La resolución fija una caución de 200 millones de pesos que deberá ser depositada para que se haga efectivo el cese del arresto domiciliario.

El fallo advierte que cualquier incumplimiento, incluida la inasistencia injustificada a las presentaciones mensuales, podrá derivar en la revocación inmediata del beneficio.

Una vez formalizada la liberación, González deberá presentarse al día hábil siguiente en la Secretaría Penal del juzgado para declarar domicilio y ratificar su compromiso de someterse al proceso.