La AFIP prorrogó hasta el 5 de febrero el plazo para la recategorización en el Monotributo. El organismo atendió así un pedido formulado por cl Consejo de Ciencias Económicas que engloba a los contadores.
En enero se actualizarán los parámetros máximos admitidos en cada categoría en un 49%, en tanto que los montos a pagar, congelados durante 2023, aumentarán un 110,9%, a partir de la normativa vigente.
La recategorización consiste en la evaluación de la actividad de los últimos 12 meses para determinar si deben mantener la categoría en la que se encuentran o modificarla. El trámite debe hacerse en los meses de enero y julio.
Hay tiempo hasta el 20 de enero para cumplir con la recategorización del monotributo. A continuación se presentan algunos puntos a tener en cuenta para mantener regularizada la situación tributaria.
Con el índice de movilidad jubilatoria presentado, ya se pueden calcular los nuevos montos de ingresos devengados para recategorizarte en enero de 2023.
La recategorización consiste en la evaluación de la actividad de los últimos 12 meses para determinar si deben mantener la categoría en la que se encuentran o modificarla.
La decisión busca garantizar que las y los monotributistas accedan a los beneficios de la ley de Alivio Fiscal, promulgada el lunes. La medida beneficiará a 4,5 millones de monotributistas y 140 mil autónomos.
El ente recaudador subrayó que la recategorización es un procedimiento obligatorio que deben realizar los monotributistas para determinar si de acuerdo a los ingresos de los últimos 12 meses les corresponde cambiar de categoría.
Con la reglamentación de la ley de alivio fiscal para las y los monotributistas, la AFIP instrumentó la actualización excepcional de las escalas que contempló un incremento en la facturación máxima por categoría de hasta 77%.
Es la fecha límite para realizar el trámite en el caso de que hayan registrado cambios en algunos de los parámetros previstos para la actividad. La nueva categoría comenzará a regir en febrero.
La decisión se precipitó tras conocerse la participación del funcionario en una controvertida nómina de préstamos hipotecarios otorgados por el Banco Nación.
Tras la filtración de una masiva operación de desinformación, el Gobierno denunció penalmente la injerencia extranjera y apuntó contra medios y periodistas.