El Gobierno nacional abrirá esta semana el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, con el que buscará convertir en "productivos" esos emprendimientos periféricos al sistema que desarrollan unas 6 millones de personas en el país, con la convicción de que la pandemia de coronavirus obligará a reivindicar formas de producción "más cercanas a las necesidades de la sociedad y menos enfocadas al consumo masivo".

Así lo adelantó en una entrevista con Télam el director nacional de Economía Social y Desarrollo Local, Pablo Chena, quien sintetizó que el primer objetivo del registro apunta a "visibilizar" a este amplio universo de la población económicamente activa, que equipara en número a los 6 millones de trabajadores del sector privado formal y duplica al total de 3 millones de empleados del ámbito público.

"El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) fue un golpe de realidad porque mostró una economía que no estaba visibilizada; por eso el registro tiene como objetivo inicial 'pensar' la economía popular, inscribirla, establecer cuáles son sus ramas, sus actividades, sus unidades productivas y dónde se desarrollan", explicó el funcionario.

El segundo objetivo de ese "mapa" que empezará a confeccionarse la próxima semana -primero con una modalidad virtual por la pandemia y luego con operativos presenciales en los territorios- apunta a resignificar la mirada sobre esos trabajadores informales.

"Siempre fue vista como la economía de la necesidad, pero nuestra idea es que cambie esa concepción y que sea la economía de la producción; queremos que la política social pase de la asistencia de los sectores vulnerables a un desarrollo del trabajo que realizan, dignificarlo, ordenarlo y que potencie sus propios emprendimientos", describió Chena, economista que se desempeñó como investigador del Conicet y como docente de la Univesidad de La Plata.

Mujeres y hombres que se sostienen -o se sostenían antes del coronavirus- con la venta ambulante, la agricultura familiar, el arte callejero o tareas de cuida coches, limpia vidrios, pintores, serenos, electricistas, paseadores de perros, lustra botas, fleteros, cuidadoras en jardines maternales barriales, cartoneros, gasistas, recicladores, ayudantes de albañilería y tapiceros, entre otros, podrán inscribirse en el registro.

Se trata de quienes crearon su propio trabajo a partir de sus saberes y oficios en unidades productivas individuales o colectivas, caracterizadas por su relación asimétrica en el ámbito financiero, comercial o fiscal.

"Son quienes hacen trabajos esenciales que hoy no son productivos y conforman el 50% de los trabajadores económicamente activos", graficó Chena, para quien el 'después' de la pandemia reafirmará la idea de avanzar hacia "una forma de producir posindustrial, más cercana a las necesidades de la sociedad y menos enfocada en el consumo masivo".

Ese universo no es "productivo" porque "no accede a créditos, ni a estructuras del mercado donde vender, ni siquiera a derechos laborales y son víctimas de la usura", advirtió.

Además, Chena valoró el hecho de que como esa gente "desarrolló su actividad en base a sus propias necesidades está mucho más cerca y comprende mejor la necesidad, que el negocio".

Otra premisa del registro será dotar a esos trabajadores de "instrumentos financieros acordes" a la economía popular, créditos no bancarios estatales "en condiciones razonables" para su evolución, derechos a una obra social y a una jubilación encuadrada en un tipo de monotributo productivo, que el gobierno tiene en estudio para desarrollar.

Esta propuesta empezará a materializarse a través del sitio www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/renatep y forma parte del plan de salida de la crisis pospandemia, analizada entre el presidente Alberto Fernández, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo y los movimientos sociales.

El registro está organizado en ocho ramas, para diferenciar los segmentos de la economía popular: 1) Comercio popular y trabajos en espacios públicos 2) Recuperación, reciclado y servicios ambientales 3) Construcción e infraestructura social y mejoramiento ambiental 4) Industria manufacturera 5) Servicios socio-comunitarios 6) Agricultura familiar y campesina 7) Transporte y almacenamiento 8) Servicios personales y otros oficios.

Están habilitados a registrarse quienes tengan 18 años o más y no posean a su nombre más de dos inmuebles, ni tampoco cuenten con un trabajo en relación de dependencia que supere el salario mínimo vital y móvil.

Tampoco podrán acceder quienes estén inscriptos en el regimen simplificado de pequeños contribuyentes: sólo se admitirán las categorías A, B, C y D o titulares del monotributo social o monotributistas "promovidos".

El trabajo sexual, que había sido incluido inicialmente como categoría posible, quedó fuera del registro y será analizado y atendido en forma separada por el Ministerio de Desarrollo Social.