La inversión pública realizada para atender la emergencia sanitaria y económica, producto de la pandemia de coronavirus, alcanzó los $ 2 billones en los 120 días que se cumplieron desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO).

En estos cuatro meses, el Gobierno acudió a distintas clases de medidas para mitigar los efectos de la Covid 19 sobre la salud, la sociedad y la economía, lo que representa ya más de 7 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI).

Esta cifra surge del relevamiento realizado por Télam a partir de los datos recabados por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los Ministerios de Economía y de la Producción, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y de las diferentes medidas anunciadas en estos 120 días.

La OPC contabilizó desde el 20 de marzo último, fecha en que comenzó el ASPO, un mayor gasto de $754.991 millones, equivalente a 2,7% del PBI.

A eso se añaden las facilidades para aportar mayor liquidez al sistema financiero, de modo de incentivar el crédito al sector privado, que sumaron $ 571.774 millones, que representa 2% del PBI.

La reducción de las alícuotas impositivas y de contribuciones significa un 0,3% del Producto Bruto; y la suma del resto de las medidas relevadas por Télam, como la última modificación presupuestaria, la creación de un programa de infraestructura y viviendas, el otorgamiento de subsidios a las obras sociales y créditos de organismos multilaterales para políticas alimentarias, agregan otros 2,09 puntos.

Así, el monto total de los recursos previstos para su asignación hasta el momento para atender los impactos del coronavirus alcanza a $ 1.999.529.000.000, y representa 7,09% del PBI.

Entre las medidas de mayor impacto adoptadas en las últimas semanas están la creación del Programa Argentina Construye, que prevé una inversión de $ 29.000 millones y la creación de más de 750.000 puestos de trabajo para el desarrollo de obras de vivienda, infraestructura sanitaria y equipamiento urbano, a través de obras articuladas con los gobiernos provinciales, municipales y organizaciones de la comunidad.

Además, más de 16.000 trabajadores pertenecientes a 152 empresas recibieron sumas fijas mensuales remunerativas transferidas por el Estado, en el marco del programa Repro (Recuperación Productiva) desde que se dictaron las medidas de la emergencia, y por $ 175 millones

Asimismo, se otorgaron $ 5.000 millones a 255 obras sociales, provenientes del Fondo Solidario de Redistribución que maneja la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), para que puedan hacer frente al pago de los prestadores privados.

En tanto, el directorio del Banco de Desarrollo de América Latina-CAF aprobó un crédito por hasta US$ 300 millones (unos $ 22.500 millones) para apoyar el Plan Nacional Argentina contra el Hambre, cuyo propósito apunta a mitigar los efectos de pobreza y vulnerabilidad de niños y niñas en riesgo social y sanitario.

La última modificación presupuestaria del 27 de junio, a través de la Decisión Administrativa 1142/2020, reforzó partidas en $ 713 millones del Ministerio del Interior para las provincias; y en $ 3.766 millones de Desarrollo Productivo para compensaciones para empresas por la baja del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en productos de la canasta básica.

También destinó otros $ 450 millones en el Fondo Nacional de las Artes para subsidios a artistas; $ 42.000 millones en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para atender el Programa de Atención de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP); y $ 7.800 millones en políticas alimentarias de Desarrollo Social.

Por su parte, el relevamiento de la OPC destacó el aumento de $ 100.000 millones para inversión en obra pública, también los $ 179.260 millones que insumieron las dos rondas del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE); y los $ 170.000 millones del Salario Complementario de abril y mayo del ATP.

Asimismo, subrayó la distribución de recursos del Estado Nacional a las provincias por un total de $ 120.000 millones, a través del Programa para la Emergencia Financiera Provincial, y del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP), de acuerdo con las necesidades financieras específicas de cada jurisdicción y por las condiciones estructurales con las que cada una puede hacer frente a la actual crisis.

Además, el Fondo de Garantías Argentino (Fogar), para facilitar el acceso a préstamos para capital de trabajo por parte de las mipymes, con aportes de $ 56.000 millones.

Otro aporte importante por parte del Estado fue la reducción de las alícuotas de contribuciones patronales, impuesto al cheque, derechos de importación extrazona y devolución del IVA, que significaron $ 88.734 millones.