El Senado comenzará el tratamiento en comisión del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), aprobado el viernes por la Cámara de Diputados, con la intención de apurar en los próximos días la firma del dictamen y que la iniciativa sea tratada en el recinto el 29 de diciembre.

El plan de trabajo es que la semana próxima se lleven a cabo cuatro plenarios de las comisiones a las que fue girada ayer por la tarde la iniciativa: Banca de la Mujer; Justicia y Asuntos Penales y Salud.

El oficialismo tiene quórum y mayoría absoluta en todas esas comisiones, por lo que se espera que el dictamen se logre fácilmente.

La intención, a partir de allí, es dejar pasar la semana de Navidad y llevar el proyecto al recinto el martes 29 de diciembre.

En principio, el lunes, desde las 14, fueron citadas las comisiones para escuchar las opiniones del ministro de Salud, Ginés González García; de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; y de la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.

El proyecto fue girado al Senado el viernes por la mañana, pocas horas después de haber sido aprobado en Diputados por 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones: un margen más amplio que el que obtuvo cuando fue aprobado en 2018.

Aquella vez, el expediente chocó con la negativa del Senado, que lo rechazó por 38 a 31, con dos abstenciones y una ausente.

Desde el Frente de Todos hay un moderado optimismo porque el proyecto pueda pasar el filtro de la Cámara alta, aunque los voceros no quieren generar falsas expectativas ni dar los nombres de algunos legisladores que podrían rever su voto de 2018.

Entre los indecisos figuran oficialistas, pero también opositores, así como algunos senadores que ingresaron el año pasado a la Cámara alta pero se cuidan de declarar cómo votarán.

Entre quienes en las últimas semanas reconocieron que votarán favorablemente figura el peronista santafecino Roberto Mirabella.

El legislador ingresó el 10 de diciembre del año pasado al Senado, para cumplir con los dos últimos años de mandato del actual gobernador Omar Perotti, quien fue uno de los que en 2018 se abstuvo de votar.

Desde el oficialismo, además, mencionan que pesará en la decisión de los legisladores del Frente de Todos que el proyecto sobre IVE haya sido impulsado por el gobierno de Alberto Fernández.

Además, consideran que serán clave tanto las ausencias como las abstenciones; sobre todo, si se tiene en cuenta que -a diferencia de la Cámara de Diputados- el Senado mantiene el protocolo de aislamiento preventivo y no se celebran sesiones presenciales desde marzo.

Aunque en los últimos dos plenarios el hemiciclo estuvo ocupado por una docena de legisladores, los otros sesenta siguen participando de manera remota.

La amplitud del triunfo del proyecto del gobierno en la sesión de Diputados fue tomada por los legisladores del Frente de Todos como una señal a favor de inclinarse por la legalización.

De hecho, aunque nadie quiere adelantar números, los cálculos estarían dando una tenue ventaja a favor de la legalización del aborto, principalmente, porque uno de los senadores que en 2018 votó en contra, el oficialista tucumano José Alperovich, se encuentra de licencia hasta fin de año para resolver su situación judicial.

Alperovich fue denunciado en la justicia por un presunto abuso sexual perpetrado contra una colaboradora del despacho de su compañera de bancada y coterránea, Beatriz Mirkin.

El proyecto de legalización del aborto permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, a la vez que habilita la objeción de conciencia de los profesionales que no están de acuerdo con esta práctica médica.

El plazo de la semana 14 no se aplicará cuando el embarazo fuera producto de una violación, en los casos de menores de 13 años o si estuviera en riesgo la vida.

En los casos de los menores de 16 que decidan abortar, se requerirá su consentimiento y que concurra acompañado por un familiar o un referente afectivo, mientras que las personas mayores de 16 años tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento.

En el caso de que una institución privada no cuente con profesionales para realizar la interrupción del embarazo, deberá disponer la derivación a otra institución, según contempla el proyecto.