La diputada nacional de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña, denunció penalmente a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner por los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y de desobediencia, por la designación del senador oficialista Martín Doñate como consejero de la Magistratura en lugar del opositor Luis Juez.

Ocaña denunció la decisión del Frente de Todos “de dividir el bloque en dos bloques, uno denominado Frente Nacional y Popular, con 21 integrantes, y otro Unidad Ciudadana, con 14 miembros”, porque “esta maniobra persigue a todas luces el objetivo de que el Frente de Todos pase a ostentar la segunda minoría en la Cámara Alta y de esa forma, evitar que el representante que corresponde al Senado sea de la oposición”.

“La cronología de los hechos demuestran la actitud dolosa de Cristina Fernández de Kirchner. La maniobra articulada por el Bloque Parlamentario conformado por el Frente de Todos en el Senado de la Nación, resulta fraudulenta y dolosa, ya que se realiza con el único objeto de que dicho bloque político se apropie de uno de los cargos que le correspondían a la oposición”, sostuvo la presentación, que recayó en el juzgado federal a cargo del magistrado Sebastián Ramos.

La vicepresidenta, según Ocaña, “retrasó el tratamiento del asunto adrede y esto queda demostrado por el hecho de que no buscó los consensos políticos necesarios para que la sanción de la nueva ley ocurriera en plazo”.

El Senado dio media sanción a un proyecto de ley de reforma del Consejo de la Magistratura, pero la aprobación se produjo casi sobre  el filo del plazo fijado por la Corte para que se sancionara una nueva norma, y faltaba aún la media sanción de diputados, que aún no se produjo.

“La actitud dolosa de Cristina Fernández de Kirchner viola la representación popular de las mayorías y minorías”, embistió Ocaña. A ello, la diputada opositora sumó las declaraciones del jefe de Gabinete, Juan Manzur, en la víspera, cuando expresó: “La decisión que tomó nuestro bloque en el Senado está dentro de los parámetros legales en los cuales está permitido este tipo de accionar”.

“Evidentemente los dichos de Manzur demuestran que su jefa política jamás tuvo la intención de acatar el fallo de la Corte, simplemente por no estar de acuerdo con él, como si los funcionarios nacionales pudieran resolver, a su arbitrio, cumplir o no con una manda del superior tribunal de la Argentina”, resumió Ocaña.