A pesar de pregonar la libre competencia de mercado, el gobierno de Javier Milei se muestra reticente a recibir las cámaras que nuclean a la medicina prepaga e investiga la existencia de un pacto ilícito entre las empresas para fijar precios de venta. De confirmarse la hipótesis, prometen que avanzarán por la vía judicial “hasta las últimas consecuencias”. 

Las palabras del ministro de Economía, Luis Caputo, uno de los impulsores del DNU 70/2023 que habilitó la desregulación de precios de las prepagas, resonaron fuerte en los titulares de las empresas que, con preocupación, negaron ser “formadores de precios” y solicitaron una audiencia urgente con el titular del Palacio de Hacienda. 

Según supo la agencia Noticias Argentinas, Caputo no solo no los recibirá sino que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) estudia por estas horas presentarse en la Justicia contra las empresas por supuestas “prácticas abusivas”, accionar que definirá en los próximos días. 

En paralelo, el organismo trabaja en un informe pormenorizado de los aumentos de las cinco principales firmas del sector que presentará, ante la Comisión de Defensa de la Competencia (CNDC), con límite hasta el 17 de abril, encargada de precisar si hay -o no- cartelización. 

Luego de haber impulsado incrementos del 40% en enero, el 2% en febrero, el 20% en marzo, y una nueva suba prevista para abril de entre el 14% y el 18%, en Balcarce 50 aseguraron que “algunos empresarios no saben trabajar en libertar” y precisaron que “necesitan un sacudón” que están dispuestos a dar. 

“Caputo no los va a recibir”, aclararon fuentes cercanas al Presidente -información chequeada con en el Ministerio de Economía, desde donde informaron que no hay reuniones programadas- y agregaron que “hay instrumentos legales dentro del capitalismo que pueden aplicarse para resolver el tema”.

A unas cuadras de Casa Rosada, la Superintendencia de Servicios de Salud asegura que las cinco firmas que lideran el mercado habrían acordado aumentos encima de la inflación, con diferencias mínimas de uno o dos puntos. Desde el organismo detallaron ante esta agencia que detectaron "prácticas abusivas” en los incrementos de los primeros cuatro meses que doblan el porcentaje de la inflación. 

“Aún se está estudiando si la vía judicial es el mejor camino para frenar los aumentos desmedidos”, explicaron al respecto. 

A pesar de rechazar la posibilidad de intervenir los precios, se habla de grandes sanciones económicas para las empresas que justifican la actualización en el congelamiento de las tarifas dispuesto por el gobierno de Alberto Fernández. “Los que hoy acuerdan para fijar precios son los mismos que congelaban las cuotas con el gobierno anterior a cambio de subsidios”, denunciaron desde la administración libertaria.

Luego que Caputo planteara que “las prepagas le están declarando la guerra a la clase media”, la gestión optó por cambiar la dinámica y endurecer la postura: sin mesas de negociación abierta y desoyendo los pedidos para reabrir el diálogo, siguen de cerca la investigación de la Comisión de Defensa de la Competencia (CNDC), organismo dentro de la Secretaría de Comercio que funciona de manera “desconcentrada”.

“Las prácticas abusivas hicieron todo más complejo. Ahora quieren dialogar, pero en los últimos meses ningún empresario se acercó a negociar”, se escudaron.

En paralelo a la posibilidad de avanzar en una iniciativa judicial propia, el Gobierno se plegó a los reclamos presentados un grupo de legisladores de la Coalición Cívica, liderado por Maximiliano Ferraro y Hernán Reyes, quienes el 15 de enero presentaron una denuncia por “conducta anticompetitiva” que sostiene a la investigación, y que casi tres meses después, tomó un nuevo impulso.