Córdoba adhirió a la emergencia penitenciaria nacional
La ley fue aprobada en la Legislatura. Además, instan a senadores y diputados cordobeses a promover la construcción de una cárcel federal, a modo de cancelación de deudas que el Gobierno nacional mantiene con Córdoba.
Este lunes, en la sexta sesión ordinaria del 147° período legislativo, la Legislatura de Córdoba convirtió en ley la emergencia penitenciaria vigente a nivel nacional, durante tres años.
De esta manera, la Provincia adhiere a la declaración de emergencia dispuesta por el Ministerio de Seguridad de la Nación por resolución del 17 de abril de 2024.
El proyecto, iniciado por el legislador Miguel Siciliano, en sus fundamentos contempla “la situación actual del sistema penitenciario” en la provincia y “la necesidad de adoptar medidas urgentes, coordinadas y sostenidas para garantizar condiciones dignas de detención y resguardar la seguridad pública”.
En la actualidad, el sistema penitenciario de la provincia de Córdoba alberga más de 16 mil presos y la población carcelaria viene en crecimiento, al punto de que este año aumentaría 28 por ciento.
En ese sentido, la legisladora Nadia Fernández, como voz informante, aclaró: “La declaración de emergencia no otorga facultades extraordinarias ni discrecionales al Ejecutivo provincial; por el contrario, establece una autoridad de aplicación que es el Ministerio de Justicia y Trabajo, con acciones acotadas a la gestión de infraestructura y a las condiciones de detención y coordinación interjurisdiccional. La participación se circunscribe a las acciones necesarias para mitigar la crisis penitenciaria dentro del marco legal vigente”.
También, el pleno legislativo aprobó una resolución que instruye a los senadores y diputados por Córdoba para que promuevan, ante el Congreso de la Nación y el Ejecutivo nacional, la construcción de un establecimiento carcelario federal en la provincia para el alojamiento de presos federales, a modo de cancelación de deudas que el Gobierno nacional mantiene con la provincia de Córdoba.
En ese sentido, Fernández explicó: “El reclamo por una cárcel federal no es sólo cuantitativo sino cualitativo y de justicia federal. Se trata de cumplir con la responsabilidad del Estado nacional y liberar los recursos del Estado provincial para sus propias competencias”.
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