
Bolsonaro se estrena con un gesto a la industria agrícola y contra el medio ambiente
El Objetivo
El nuevo presidente de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, ha comenzado su mandato con un regalo a la poderosa industria agropecuaria que supone un duro varapalo al millón de indígenas brasileños y a los intereses medioambientales en el mayor pulmón del mundo, la selva del amazonas.
El ultraderechista firmó un decreto nada más jurar el cargo la víspera en Brasilia que da al Ministerio de Agricultura el poder de delimitar las reservas indígenas. Bolsonaro también ha dedicado una de sus primeras reuniones con representantes extranjeros al jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, impulsando la naciente alianza entre los mandatarios, nacionalpopulistas, de los países más poblados de América.
La competencia de delimitar las tierras indígenas correspondía a la Funai, la agencia para los asuntos indígenas. Ahora “identificar, delimitar, demarcar y registrar las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas” pasa a manos de la ministra de Agricultura, Tereza Cristina Dias, que hasta las últimas elecciones era la diputada al frente de la bancada que representa los intereses de la industria agroganadera. Este decreto de Bolsonaro satisface una vieja demanda de la industria pecuaria y de la soja, que con los evangélicos fue uno de los apoyos clave para que el exmilitar alcanzara la presidencia. Ya en campaña anticipó su intención de abrir más tierras a la explotación comercial.
El brasileño, emulando a su homólogo Donald Trump, ha explicado su decisión en un tuit en el que, una vez más, ha dejado claro su desdén por las minorías —hoy a cuenta de los indígenas como en ocasiones anteriores los negros, las mujeres o los homosexuales—. “Menos de un millón de personas viven en estos lugares verdaderamente aislados de Brasil, explotadas y manipuladas por las ONG. Juntos vamos a integrar a estos ciudadanos y poner en valor a todos los brasileños”, ha tuiteado. La decisión presidencial es temporal, deberá ser ratificada en 120 días por el Congreso.
Fuente: El Pais España


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