Se niegan a declarar los policías acusados de matar a Lucas Verón
Se trata de los efectivos Ezequiel Benítez y Cintia Duarte, quienes fueron imputados por el fiscal Juan Pablo Tahtagian por el delito de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego".
Fuentes judiciales informaron a Télam que ambos policías mantuvieron una entrevista con el defensor oficial y prefirieron abstenerse de declarar hasta que sean representados por un abogado particular.
Tras la audiencia, el fiscal Tahtagian dispuso la conversión de la aprehensión en detención a la jueza de garantías 1 de La Matanza, Mary Castillo.
Según las fuentes, el funcionario judicial ordenó una serie de peritajes a las armas secuestradas a los efectivos para determinar desde cual fue que partió el disparo que mató a Verón.
Además, el fiscal aguardaba el resultado de la autopsia que se iba a realizar esta tarde en la morgue de Lomas de Zamora.
En tanto, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) aseguró en un comunicado que se trató de un caso de "gatillo fácil" ya que "oficiales de la bonaerense persiguieron y fusilaron a Lucas en Villa Scaso, La Matanza".
"Lucas Nahuel Verón, que estaba cumpliendo 18 años, fue con un amigo al maxikiosco del barrio en Villa Scaso, La Matanza, a comprar gaseosas. Cuando regresaban en moto un patrullero comenzó a perseguirlos y dispararles. Una bala atravesó el pecho de Lucas y lo mató. Luego de protagonizar este caso de gatillo fácil, el móvil policial huyó del lugar", señaló el organismo.
El crimen se registró en la madrugada de ayer, alrededor de la 1.30, cuando la víctima iba a bordo de una moto junto a un amigo.
La investigación comenzó cuando el joven fue trasladado por sus familiares al hospital Simplemente Evita de González Catán tras haber recibido un disparo de arma de fuego.
Verón fue atendido por los médicos, pero murió como consecuencia de las lesiones sufridas, tras lo cual comenzó a investigar personal de la comisaría de la zona bajo las instrucciones del fiscal Tahtagian.
Además, Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires desafectó a los policías y les retiró el permiso de uso de uniforme, placa y armas (que ya estaban a disposición de la Justicia).
Los investigadores procuraban determinar por qué comenzó la persecución y los motivos por los cuales el personal policial no denunció el hecho.