La Justicia de Córdoba reconoce a Uber el derecho a una regulación para brindar servicio

Sociedad 02 de noviembre de 2020 Por El Objetivo
La resolución afirma que la actividad de Uber es lícita y que la falta de una regulación no es una prohibición. El pronunciamiento del tribunal responde a las presentaciones judiciales realizadas por la plataforma de transporte.
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La Justicia de Córdoba reconoce a Uber el derecho a una regulación para brindar servicio - Foto: archivo

La Cámara Contencioso Administrativa de 2º Nominación local emplazó este lunes a la ciudad de Córdoba para que en 30 días hábiles regule la actividad de Uber, la aplicacación de servicio de autos con chofer, porque la demora "afecta un derecho constitucional"

El pronunciamiento del tribunal responde a las presentaciones judiciales realizadas por la plataforma Uber que busca brindar servicios en la capital cordobesa antes de fin de año según dio a conocer la empresa.

La resolución afirma que la actividad de Uber es lícita y que la falta de una regulación no es una prohibición, en tanto que la compañía se puso a disposición de las autoridades “para contribuir en mejorar la vida en la ciudad, tal como ya lo hace en más de diez ciudades del país, y generar oportunidades económicas para miles de personas”.

“Uber tiene la convicción de ser parte del futuro de Córdoba, y siempre hemos apostado al diálogo para lograrlo. Estamos a disposición para aprovechar el plazo que se abrió el viernes pasado, con el objetivo de arribar a la regulación de una actividad que brinda soluciones de movilidad y oportunidades económicas a miles de cordobeses”, señaló en un comunicado Felipe Fernández Aramburu, director regional de Uber para Cono Sur.

Entre los fundamentos, la Cámara señala: “Lo que no puede la Administración Municipal, quien tiene la potestad exclusiva de la regulación legislativa y administrativa, es diferir la regulación de la implementación operativa de una actividad lícita, como es en este caso la del transporte de auto con chofer mediado por tecnología digital, que afecta directamente al ejercicio de un derecho constitucional”.

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