El Objetivo
La AFIP denunció penalmente a Susana Giménez por presunta evasión fiscal. Fue acusada de omisiones en su declaración jurada de Bienes Personales durante 2019, paso previo indispensable para pagar dicho impuesto, y por eso se le exige un monto de 50 millones de pesos, el cual fue rechazado por la diva al alegar que no hizo “ninguna declaración engañosa ni ocultación maliciosa, ni mucho menos defraudó al Fisco”.
Es por eso que el organismo de recaudación de impuestos del Estado determinó que la presentadora de TV adeuda $50.000.000, pero que debido a las multas e intereses podría llegar a pagar hasta $300 millones.
La diva sí respondió a los requerimientos previos, que es la declaración jurada de patrimonio -entre otros trámites-, pero se negó a presentar la DDJJ de Bienes Personales, que es el paso previo indispensable para pagar dicho impuesto, al exponer que la reforma sancionada por el Congreso a fines de ese año es “confiscatoria”.
En ese sentido, la popular figura del espectáculo solicitó una cautelar que fue rechazada por el juzgado. Tras esto, presentó otra cautelar que fue rechazada en julio de 2022 porque "no se advierte en principio arbitrariedad en el accionar de la Administración”.
Desde la AFIP comunicaron que “no existe medida judicial notificada a la fecha que nos impida que continuemos con el procedimiento. Por lo tanto, tras una serie de intimaciones no respondidas, se procedió a la denuncia penal. Salió sorteado el Juzgado Penal Económico número 5, a cargo del Dr. Diego Amarante”.
El organismo también informó sobre la situación de la diva, exactamente sobre si podría ir presa o no: “Dado los antecedentes de la contribuyente, es difícil que esto suceda, con lo cual el juez debería dar curso a la denuncia, pedir al Ministerio Público Fiscal que impute a la denunciada y la llame a declarar”.
También explicaron que, en caso de no presentarse a declarar, Susana Giménez podría ser convocada por la fuerza pública y librar alertas de Interpol si se encuentra fuera del país.
