Entidades empresariales del país fijaron su posición ante la crisis institucional desatada tras la postura del Gobierno nacional ante la resolución de la Corte Suprema de Justicia por el redireccionamiento de fondos que recibía la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) manifestó "su honda preocupación por la decisión que ha tomado el Gobierno Nacional" luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia.

"La sociedad no puede permitir estos atropellos que deterioran la calidad institucional de un país y afectan a la democracia atentando contra la Constitución. Solicitamos al Poder Ejecutivo que recapacite sobre la decisión e instamos a que se respeten las decisiones tomadas por cada uno de los Poderes", indicaron a través de un comunicado.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) indicó que "sin entrar en la cuestión de fondo respecto al recorte, la CAC considera que el posible incumplimiento de una sentencia del máximo tribunal es un hecho de enorme gravedad institucional".

El Foro de Convergencia Empresarial insistió "en la necesidad de fortalecer la calidad institucional como condición indispensable para que haya inversiones en la cantidad y de la calidad que se requieren para generar actividad económica, crear empleo digno, y comenzar a erradicar el flagelo de la pobreza".

Desde IDEA afirmaron que "el respeto absoluto a los fallos de la justicia es un pilar de la democracia y, por lo tanto, de la estabilidad en las reglas de juego que es imprescindible para que aumente la inversión privada y con ello el empleo".

"El anuncio del Poder Ejecutivo que implica el no acatamiento del reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es de una inusitada gravedad institucional", remarcaron.

En tanto, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham) manifestó en un comunicado su "preocupación ante la decisión comunicada por el Poder Ejecutivo Nacional de incumplir un fallo de la Corte Suprema de la Nación, implicando un quiebre institucional del sistema republicano", y "poniendo en riesgo el orden legal enarbolado por nuestra Constitución Nacional".

"Consideramos indispensable que el Ejecutivo Nacional revise su decisión, se enmarque en el alcance jurídico que dispone nuestra Constitución Nacional, y se focalice sobre cuestiones que sean centrales a las necesidades de los argentinos y contribuyan al desarrollo del país", expresó AmCham en el texto.