El Objetivo
El oficialismo realizó una contrapropuesta a los bloques dialoguistas y busca encaminar la negociación en dos artículos clave: facultades delegadas y privatizaciones. Ambos puntos fueron los ejes de tensión entre el Gobierno y el grueso de los diputados que acompañarán el proyecto.
De esta manera, el Ejecutivo se aseguraría el voto de este grupo -al menos en estos artículos- al momento del voto en particular, ya que la votación general, que se esperaba para la madrugada del viernes, es un hecho.
Entre las novedades que ofrece el nuevo documento hubo una sorpresa y fue la inclusión en el capítulo las facultades en seguridad. Del proyecto original, que traía 11 facultades, sobrevivieron solo seis: económica, financiera, tarifaria, energética, de seguridad, fiscal y administrativa.
Seguridad estuvo en duda en la nueva propuesta al igual que en las emergencias tarifaria y energética, ya que con esas facultades el Gobierno podría suspender sin permiso el beneficio de “zona fría” para usuarios de gas. Esto pone en aprietos a los gobernadores patagónicos.
Otro de los ejes en los que La Libertad Avanza cedió fue en el plazo de duración de los “súperpoderes”, que pasó de dos a un año de plazo. Los más reacios a darle luz verde a este punto son aquellos radicales que están bajo el ala de Facundo Manes. La Coalición Cívica ya anunció que votará en contra.
El capítulo privatizaciones volvió a retacearse: de 36 empresas estatales a privatizar, el oficialismo propone que sean 27, conservando las 3 privatizaciones parciales que incluyen el Banco Nación, Nucleoeléctrica y ARSAT. YPF quedó fuera del paquete.
Entre las 7 empresas que salieron se encuentran: BICE, Casa de la Moneda, Fabricaciones Militares, Radio de la Universidad Nacional del Litoral, Radio y Televisión de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación y Yacimientos Mineros de Agua Dionisio.
