Qué establece la emergencia económica aprobada por la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados aprobó este martes por 134 a 121 votos el artículo primero de la ley "Bases" que establece la declaración de emergencia en las materias económicas, administrativa, financiera, tarifaria, energética y de seguridad.

El oficialismo contó con el voto de 37 votos de la Libertad Avanza, 37 del PRO, 13 de Hacemos Coalición Federal, 1 de Creo, 1 de Unión Mendocina, 1 de Avanza Libertad, 28 de la UCR, 9 de Innovación, 2 de Producción y Trabajo, 2 de Buenos Aires y 3 de Independencia.

Los votos en contra fueron 98 de Unión por la Patria (UxP), 6 de la UCR, 10 de Hacemos, 2 de Por Santa Cruz, y 5 de del FIT (izquierda).

Posteriormente, el plenario legislativo aprobó por 140 a 115 el artículo que establece los principios y objetivos de esa emergencia pública.

El primer artículo aprobado establece que la iniciativa "tiene por objeto declarar la emergencia en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa; y promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y límite toda intervención estatal que no sea la necesaria para asegurar el ejercicio efectivo de sus derechos constitucionales".

Por otra parte, el artículo 2 fija que la meta de la ley es "la promoción del derecho fundamental a la libertad individual. Los habitantes de la Nación tienen derecho a ejercer sus libertades constitucionales sin injerencias indebidas por parte del Estado".

También destaca "la protección de los habitantes y de su propiedad privada. El Estado debe garantizar la seguridad y propiedad de las personas y fomentar un entorno propicio para la inversión y el emprendimiento. Debe asegurar el efectivo ejercicio del derecho a transitar libremente en la vía pública evitando situaciones que pongan en riesgo la vida, la propiedad y la seguridad de los habitantes de la Nación".

Además fija que el Estado "debe procurarse su concentración en los sectores esenciales de la sociedad y su ejercicio con criterios objetivos de eficiencia, eficacia y razonabilidad" y la "organización racional y sustentable de la Administración Pública Nacional a fin de garantizar una actuación administrativa de calidad y respetuosa de la dignidad humana"

También establece como otro de sus principios "la creación, el fomento y el desarrollo del empleo productivo privado, con la inclusión de quienes enfrentan mayores dificultades de inserción laboral, la protección de los trabajadores desempleados y la regularización de las relaciones laborales existentes".