El juez de Control Anticorrupción Gustavo Hidalgo confirmó la elevación a juicio oral y público para siete exfuncionarios de la Municipalidad de La Calera, acusados por una maniobra de defraudación al Estado a través de una presunta “usina de facturas truchas”. La causa investiga la utilización de personas ajenas, muchas sin conocimiento ni capacidad para brindar servicios, para emitir facturas falsas y cobrar dinero de las arcas públicas.

La investigación fue impulsada por el fiscal Anticorrupción N° 1, Matías Bornancini, tras una denuncia presentada por las diputadas nacionales Elisa Carrió y Leonor Martínez Villada. Según la fiscalía, entre 2014 y 2016 se facturaron supuestos servicios a nombre de personas que no solo no los realizaron, sino que en muchos casos eran indigentes o vivían en otras provincias.

La operatoria, según la acusación, incluía la emisión de cheques firmados por el subsecretario de Contables, que eran luego retirados y cobrados en el Banco de Córdoba por un empleado del Finanzas, cerrando así el circuito delictivo.

El perjuicio para el municipio se estima en más de 22 millones de pesos de la época, equivalentes a 1,5 millón de dólares o más de 1.650 millones de pesos actuales.

El expediente fue girado a la Cámara 10ª del Crimen de Córdoba, especializada en Delitos Complejos. La decisión aún no está firme, ya que puede ser apelada por las defensas.

Cabe recordar que en julio de 2024, el actual intendente de La Calera, Fernando Rambaldi, solicitó que el municipio se constituya como querellante particular y actor civil, y pidió el embargo preventivo de los bienes de cuatro de los imputados para garantizar la restitución del dinero.