En una cumbre histórica que tuvo lugar en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), los 23 gobernadores del país y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires coincidieron, por primera vez de forma unánime, en un reclamo contundente al Gobierno nacional: la restitución de fondos coparticipables que denuncian fueron retenidos por la administración de Javier Milei.

El encuentro, que reunió a mandatarios de distintos signos políticos, no solo mostró una inédita unidad federal, sino que también definió una estrategia concreta: impulsar en el Congreso un proyecto de ley que obligue al Gobierno a distribuir automáticamente los fondos provenientes de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del Impuesto al Cheque conforme al índice de coparticipación.

Los ATN son recursos que se financian con el 1% de la coparticipación que las propias provincias aportan y, por normativa, deben ser utilizados para cubrir desequilibrios financieros provinciales. Sin embargo, los gobernadores acusan al Ejecutivo nacional de utilizar estos fondos de forma discrecional y, más recientemente, retenerlos como parte de su política de ajuste fiscal.

Cruce con la Casa Rosada

La respuesta del oficialismo no se hizo esperar, el jefe de Gabinete Guillermo Francos justificó la retención de fondos como una medida necesaria para alcanzar el equilibrio fiscal y advirtió que, si el Congreso aprueba la ley que impulsa el bloque de mandatarios provinciales, el Ejecutivo la vetará.

Lejos de replegarse, los gobernadores interpretaron la negativa como una confirmación de que el diálogo está agotado. La atención ahora se centra en el Congreso, donde buscarán reunir los votos necesarios para aprobar el proyecto y blindarlo ante un eventual veto presidencial.

El Senado, la clave

Por tratarse de una iniciativa vinculada a la coparticipación federal, la Cámara de origen será el Senado, donde los gobernadores tienen mayor influencia. Si se mantiene la unidad, podrían alcanzar la mayoría necesaria tanto en el Senado como en Diputados para convertir en ley el proyecto y, eventualmente, rechazar el veto presidencial.

Un conflicto que recién comienza

El enfrentamiento entre el Gobierno nacional y los mandatarios provinciales marca un nuevo capítulo en la tensión federal que viene escalando desde el inicio del año. Lo que comenzó como reclamos aislados por recortes de fondos, hoy se transformó en una ofensiva legislativa coordinada, con implicancias políticas, económicas e institucionales que podrían modificar el mapa del poder en la Argentina.