El 9 de julio de 2024, el presidente Javier Milei y 18 gobernadores firmaban en Tucumán el Pacto de Mayo, un acuerdo de diez reformas estructurales para el futuro de Argentina. Un año después, la escena se repite en la misma provincia, pero bajo un clima completamente distinto: la tensa relación entre la Casa Rosada y las provincias amenaza con dejar vacío el acto central por el Día de la Independencia.

Las ausencias ya confirmadas, como las de los mandatarios de Buenos Aires, La Pampa, La Rioja, Tierra del Fuego y Formosa, y las dudas entre los “dialoguistas” como Gustavo Sáenz, Raúl Jalil o Hugo Passalacqua, dejan en evidencia el creciente malestar de los gobernadores. Incluso los radicales Pullaro (Santa Fe) y Cornejo (Mendoza) excusaron su participación por “compromisos previos”, y Valdés (Corrientes) analiza bajarse tras alejarse de La Libertad Avanza.

El trasfondo del conflicto es el ajuste fiscal del Gobierno nacional, que impactó de lleno en las provincias con recortes en obra pública, salud, educación y falta de envío de fondos. Como respuesta, los mandatarios impulsaron en el Congreso un proyecto para aumentar la coparticipación, incluyendo la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y los ingresos por el impuesto a los combustibles.

Desde lo institucional, la baja convocatoria debilita el mensaje de unidad federal en una fecha histórica. Los actos patrios tienen una función simbólica crucial: expresar cohesión, respeto y compromiso con la democracia y el sistema republicano. Su vaciamiento, por razones políticas o logísticas, puede leerse como una fractura entre Nación y provincias, o incluso como una forma de protesta silenciosa contra el estilo de liderazgo presidencial.

Los gobernadores, por su parte, justifican su ausencia en problemas de agenda y en la tardía convocatoria (la invitación oficial llegó el viernes previo), pero también denuncian intentos del Ejecutivo de imponer una agenda electoral en clave personalista, sin diálogo ni consensos reales.