En medio de las idas y vueltas previas al ingreso del proyecto de reforma laboral al Senado, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, dejó en claro este miércoles que la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional “va a aplicar para los nuevos” empleos y que las relaciones laborales “anteriores tienen los derechos consagrados”.

Las declaraciones se dieron durante el inicio formal del tratamiento de la ley en un plenario conjunto de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, ambas presididas por senadores de La Libertad Avanza: Patricia Bullrich y Ezequiel Atauche. Allí, Cordero respondió a los cuestionamientos de la oposición y remarcó que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, dio una orden explícita para que se conservaran los derechos esenciales de los trabajadores.

El funcionario explicó que existen algunos “institutos” con aplicación retroactiva, como los juicios pendientes o la baja de cargas, pero insistió en que el espíritu del proyecto apunta a los nuevos vínculos laborales. Además, sostuvo que muchas personas hoy prefieren desempeñarse como autónomas y que la reforma busca devolver al empleador el “poder de organización” y el “control” dentro de la relación de dependencia. “Si una relación llegara a ser riesgosa, en vez de estar fomentando, estamos perjudicando”, señaló.

El debate estuvo marcado por fuertes cruces con el kirchnerismo, que intentó sin éxito frenar la integración de las comisiones y adelantó que podría recurrir a la Justicia. Desde el oficialismo, en tanto, defendieron el tratamiento legislativo y remarcaron que el pleno del Senado es soberano.

Durante la exposición, también participó la subsecretaria de Política Industrial del Ministerio de Economía, Carolina Ramos, quien destacó que el capítulo de la ley orientado a las pymes contempla tres ejes centrales: la redefinición de los umbrales de inversión, la amortización acelerada según el tipo de bienes y la devolución del IVA asociado a las inversiones.

Desde la oposición, el senador Mariano Recalde cuestionó con dureza el proyecto y afirmó que el empleo “no está estancado, sino en caída”. Según sostuvo, se perdieron 250.000 puestos de trabajo y cerraron 22.000 empresas. Además, criticó diversos puntos de la iniciativa, entre ellos los cambios en indemnizaciones, el fraccionamiento de vacaciones, la eliminación del preaviso en el período de prueba, el pago en cuotas de sentencias y la introducción del banco de horas.

Con posiciones enfrentadas y un clima de fuerte tensión política, el debate de la reforma laboral quedó oficialmente abierto en el Senado, donde el oficialismo buscará avanzar con su tratamiento en las próximas sesiones.