Este viernes, en la sede de la Unicameral cordobesa, la Comisión Conjunta de Salud, Seguridad y Transporte y Comunicaciones, dio aval al expediente 45077, iniciado por la legisladora Nadia Fernández.

La iniciativa, compatibilizada con otros proyectos, busca modificar diversos artículos de la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560, referidos a la actualización y fortalecimiento del control vial y tecnologías de fiscalización.

Concretamente, el proyecto tratado en Comisión este viernes, introduce modificaciones e incorporaciones a la normativa provincial, relacionados a las construcciones permanentes o transitorias en zona de camino y sistemas de regulación y control de velocidad; al uso obligatorio de luces; al deber de las autoridades; las sanciones; el cuadro general de infracciones; y la reiteración de las mismas.

Fundamentos de la iniciativa

Según se expresa en los fundamentos de la iniciativa, la misma “tiene por objeto actualizar, precisar y fortalecer el régimen jurídico de la Ley Provincial de Tránsito Nº 8.560, adecuándolo a las dinámicas actuales de circulación, control vial y tecnologías de fiscalización, con un enfoque preventivo, razonable y respetuoso de las garantías del debido proceso administrativo”.

Además, “la iniciativa no introduce un cambio de paradigma, sino que perfecciona instrumentos ya previstos por la ley vigente, corrigiendo vacíos operativos que, en la práctica cotidiana, dificultan o frustran la función preventiva del Estado y reducen la eficacia del sistema sancionatorio”.

La reforma se apoya en dos pilares fundamentales de la política de seguridad vial: educación y concientización ciudadana, como estrategia de mediano y largo plazo; control efectivo y sanción proporcional, como herramienta inmediata para desalentar conductas temerarias. Ambos pilares deben actuar de manera complementaria y sostenida en el tiempo para producir cambios reales en los hábitos de los usuarios de la vía.

“Las modificaciones propuestas no persiguen un fin meramente punitivo, por el contrario, se inscriben en una política pública integral de prevención de siniestros viales, fortalecimiento institucional y protección de la vida y la integridad física de las personas”, expresa el proyecto.

De esta manera, la actualización de la Ley Provincial de Tránsito resulta necesaria, razonable y oportuna, y permitirá dotar a las autoridades de herramientas normativas más claras, eficaces y acordes a las realidades actuales del tránsito provincial.