El Tribunal Oral Federal (TOF) 4 dispuso hoy el arresto domiciliario de Lázaro Báez, imputado por supuesto lavado de dinero, entre otros delitos, pero el empresario no pudo ingresar a su casa de un country del Gran Buenos Aires porque lo impidieron los vecinos de ese barrio, que incluso dañaron un vehículo del Servicio Penitenciario Federal.

El TOF 4 dispuso "hacer efectiva la morigeración de las condiciones de detención de Lázaro Báez", tras una resolución de la Cámara Federal de Casación Penal emitida horas antes.

El empresario salió al atardecer del penal de Ezeiza, donde estaba detenido desde abril de 2016, para ir a un domicilio fijado en la ciudad bonaerense de Pilar, con monitoreo del Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

"No existe otra posibilidad más que hacer efectivo el arresto domiciliario dispuesto por el Juzgado instructor, aun cuando hasta el momento no se ha depositado la caución real fijada en los autos N° 9630/2016/To2 del registro de este Tribual en oportunidad de conceder su excarcelación", sostuvieron los jueces Néstor Costabel, Jorge Gorini y Daniel Obligado en el fallo al que accedió Télam.

Después de la notificación de la resolución, Báez fue llevado en una camioneta del SPF, con una moderada custodia, al country Ayres de Pilar, en cuya entrada estaba apostado un grupo de vecinos para impedir que ingresara el empresario santacruceño, quien iba vestido con el uniforme color naranja de los detenidos y con un casco de protección.

Los habitantes del country impidieron varios intentos de ingreso, incluso cuando la camioneta pudo llegar a la garita de entrada. En una caótica situación, los manifestantes, anteponiendo sus cuerpos y con sentadas, lograron su cometido, después de corridas que incluyeron golpes contra el vehículo, que sufrió la rotura del parabrisas.

Finalmente, frustradas las intenciones de ingresar por la entrada principal y por otra de servicio, el utilitario con Báez se retiró. Presuntamente iba a ser llevado nuevamente a la cárcel de Ezeiza hasta que se decidan medidas para que se cumpla efectivamente y sin inconvenientes la resolución judicial y se preserve la integridad de Báez.

Poco antes los abogados del empresario sureño también fueron rechazados y tuvieron que irse después de las airadas protestas, que incluyeron en ambos casos el lanzamiento de algunos objetos contundentes y huevos.

Este lunes por la mañana, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal había concedido el arresto domiciliario al empresario en una de las causas en las que está procesado por supuesto lavado de dinero, al revocar el fallo de un Tribunal Oral que había rechazado otorgar ese beneficio.

Con la firma de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, Casación dispuso otorgar ese beneficio a Báez en la causa conocida como "El Entrevero", por supuesto blanqueo de activos con la compraventa de un campo, y ordenó al Tribunal que proceda de acuerdo a esa decisión, que ya había dispuesto el juez del caso, Sebastián Casanello.

En ese contexto, el TOF 4 debió disponer el arresto domiciliario a Báez, con tobillera electrónica, también en la denominada causa M&P, donde había sido excarcelado bajo una fianza millonaria que no logró reunir. Fue allí que los jueces consideraron que no les quedaba más alternativa que proceder según lo ordenado por Casación.

Báez se encuentra detenido desde el 5 de abril de 2016 por lo que, como varias veces plateó su defensa, se encuentran cumplidos todos los plazos aplicables a la prisión preventiva, que le fue prorrogada en diversas ocasiones.

Semanas atrás, el mismo tribunal había tenido que reducir en casi 250 millones de pesos la fianza impuesta a Báez para hacer efectiva la excarcelación en la causa conocida como M&P, por orden de Casación, lo que puso en evidencia la diferencia de criterios entre ambos tribunales.

En aquella oportunidad, el TOF 4 redujo el monto de la fianza de 632 millones de pesos a 386.578.500 pesos, tras una resolución del máximo tribunal penal del país que le había dado la razón a la defensa del empresario, que había planteado que el monto fijado para su caución era excesivo, tal como informó Télam oportunamente.

Además de las dos causas en las que se jugaba su salida de prisión, Báez se encuentra siendo juzgado en debate oral y público por supuesto lavado de activos a través de la firma "Austral Construcciones", en maniobras calculadas en 55 millones de dólares.

El empresario también es uno de los imputados principales de la causa conocida como "Vialidad", en la que se juzga si durante los años que gobernó el kirchnerismo se realizaron maniobras para direccionar la obra pública vial de Santa Cruz en favor de sus empresas.

Fuente: Télam