La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) solicitó a la AFIP suspender el anticipo adicional del impuesto a las Ganancias y de esta manera se suma a la UIA, que también alertó sobre el impacto negativo que esa decisión de adelantar impuestos puede tener sobre el sector fabril.

De este modo, la CAC se suma a la Unión Industrial Argentina que  también alertó sobre el "incremento" de la presión tributaria que significa el anticipo extraordinario del Impuesto a las Ganancias para las empresas, y advirtió que podría "poner en riesgo" la recuperación económica. "La medida compromete y abarca a muchas empresas medianas del sector industrial", advertía un informe reservado que la central fabril distribuyó entre sus socios,

La Cámara de Comercio envió una carta al titular de la AFIP, Carlos Castagneto, en la cual aclaró que "los montos establecidos para encuadrar en la obligación de ingresar el anticipo adicional (de $100 millones de impuesto o $300 millones de resultado impositivo) no involucran a un pequeño grupo de grandes empresas, sino que afectarán a numerosas firmas, incluyendo al segmento PyME, en un contexto económico financiero especialmente complicado".

"La exacción que establece la norma se agrava aún más al no considerar el cómputo de quebrantos de ejercicios anteriores ni permitir la reducción o anulación del anticipo adicional ante la estimación de menores o nulos resultados en el ejercicio en curso", señaló la CAC.

Se quejó de que esto hace que la norma "no considere la existencia de capacidad contributiva, deviniendo en exceso de las facultades que la ley otorga a la AFIP, toda vez que pierde la naturaleza de anticipo del tributo que se deberá pagar por el ejercicio para convertirse en un empréstito forzoso y gratuito".

"Esta situación lo convierte eventualmente en inconstitucional ante la vulneración de los principios de capacidad contributiva y derecho de propiedad, e innominado de razonabilidad que exige la Constitución Nacional a toda norma de carácter tributario", sostuvo.

Explicó que a eso "hay que agregarle que constituye, por el efecto del proceso inflacionario y su aplicación actual, una utilización de recursos propios de próximos ejercicios, alterando, en la práctica, la legislación en materia presupuestaria".

La entidad insistió en poner la totalidad del ajuste que requiere la economía nacional en cabeza del sector privado, en este caso vía un virtual empréstito gratuito para determinados contribuyentes que disminuirá su capacidad de producir, invertir y dar empleo.

La CAC alertó que "todo se ve agravado por lo imprevisto de la modificación, que parece no tener en cuenta que las empresas presupuestan su actividad y su flujo de fondos, los que se ven drásticamente alterados por la obligación de ingresar el anticipo adicional". "Solicitamos la suspensión de la resolución", se reclamó en la carta firmada por el presidente de la CAC, Mario Grinman, y el tesorero de la entidad, Edgardo Phielipp.

Más críticas

En tanto, el Foro de Convergencia Empresarial se quejó de que "en la práctica esto implica que, una vez más en nuestro país, se vuelve a recurrir al aumento de la presión tributaria sobre los contribuyentes en lugar de racionalizar el gasto público".

Desde la entidad advirtieron que esta decisión "afecta el capital de trabajo de las empresas -ya que obliga a adelantar pagos no programados- en un contexto económico de altas tasas de interés y escasez del crédito a largo plazo, y no toma en cuenta que las empresas afectadas pudieran haber experimentado quebrantes impositivos en años anteriores".

Alertó, además, que el Senado de la Nación "aprobó en comisión el nuevo Consenso Fiscal que prevé que las alícuotas de Ingresos Brutos no deberán ser superiores a las establecidas para cada actividad, lo que posibilita que aquellas jurisdicciones que están por debajo de la tasa máxima aumenten las alícuotas para equipararlas y ratifica la decisión de analizar en 2022 la posibilidad de legislar sobre un impuesto a la herencia".

"Este nuevo Consenso Fiscal adopta el camino inverso del que se firmó en 2017 que fue un convenio en el cual las provincias se comprometían a bajar gradualmente algunos impuestos distorsivos sobre la economía, e incluso acordaron que algunas actividades pasarían a estar exentas para 2022. Pero, en la práctica, sólo estuvo vigente durante 2018", indicó el Foro.

"Nuestro país ya experimenta una presión tributaria muy elevada que ha crecido fuertemente en las últimas décadas y afecta la competitividad de nuestra economía", señaló en un comunicado.

Y consideró que "para volver a crecer y a estimular la inversión productiva se debe proceder en la dirección opuesta a la que plantean la Resolución referida y el Consenso Fiscal 2022 aprobado en comisión por el Senado".