Las tres momias encontradas el 29 de marzo de 1999 en el volcán Llullaillaco-Yuyay Yaku Wawakuna, se volvieron un tema de controversia, la cual continúa 25 años después de su hallazgo.

Al igual que diversos descubrimientos arqueológicos, el conflicto de la devolución de los restos a su lugar de origen se hizo presente e incluso con demandas de por medio.

Los niños fueron declarados "Bienes Históricos Nacionales" y la cima del volcán "Lugar Histórico Nacional". Esto permitió que la comunidad aborigen kolla de Tolar Grande solicitara la restitución de los cuerpos, pedido que fue reiterado en 2020.

Según un informe de la UBA, las disputas alrededor de los restos humanos que se encuentran en museos y que son objeto de investigación científica o de exposición modifican el enfoque de la arqueología en el contexto actual. Los grupos indígenas generan reclamos y buscan cambiar las regulaciones estatales a través de las leyes frente a los debates por su autonomía.

El Congreso Nacional de Arqueología de Río Cuarto había pedido en 2004, la "no exhibición, restitución y declaración del sitio sagrado", de las colecciones de museos, según declaraciones del mismo acuerdo.

La denuncia de la asociación kolla inició un proceso judicial por violación de los derechos de su pueblo fundada en la consideración del lugar como sitio sagrado ubicado en territorio indígena y, principalmente, en que se ignoró la consulta a su pueblo. Sin embargo, el fiscal federal la desestimó debido a que la expedición arqueológica tenía los permisos legales correspondientes para realizarla.

El reconocido arqueólogo y autor peruano Cesar Gálvez Mora detalló en un informe de prensa que "en la actualidad hay tres opiniones en juego: la primera sostiene que el destino de los niños debe ser nuevamente la cumbre del volcán, la segunda defiende la devolución de los cuerpos a la comunidad a la cual pertenecen, que sería la legítima dueña y la tercera comparte una minoría y cree que las momias deben ser aprovechadas como un gran atractivo turístico, cuyos ingresos beneficiarían a las poblaciones indígenas".

Tal como detalla el informe de la Universidad de Buenos Aires, la Ley Nacional de Restitución de Restos Humanos generó una serie de reposiciones. Un claro ejemplo fue el reciente caso del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL), que entregaron los cuerpos de ocho individuos a los miembros de la comunidad indígena Punta Querandí (Tigre, Buenos Aires).

Este tipo de reclamos "están atravesados y forman parte de las luchas que cotidianamente llevan las comunidades indígenas en las disputas por su autonomía frente al Estado-nación", sostuvo el informe de la UBA.

Mientras se espera tener noticia de cómo seguirán los pasos hacia la restitución, queda abierto este debate, postergado. (NA)