El presidente francés, Emmanuel Macron, ha promulgado un proyecto de ley para elevar la edad de jubilación estatal que desató protestas masivas, según mostró el sábado el diario oficial del Gobierno.

La proclamación de la ley se produjo después de que el Consejo Constitucional de Francia aprobara el viernes el principal aumento de la edad de jubilación y se conoce tras meses de manifestaciones frente el plan, que el Gobierno forzó en el Parlamento sin una votación final.

La ley, que aumentará progresivamente la edad de jubilación de los 62 a los 64 años, es muy impopular y las protestas estallaron inmediatamente cuando se anunció la decisión del Consejo Constitucional.

El viernes por la tarde, una multitud marchó por París, y algunas personas quemaron contenedores de basura, mientras que en la ciudad de Rennes, en el noroeste del país, se incendió la entrada de una comisaría de policía.

Los sindicatos pidieron el viernes al Gobierno que no promulgue la ley, pese a la luz verde del Consejo Constitucional, e instaron a los trabajadores a acudir en masa a las marchas del 1º de mayo, Día del Trabajo.

Rechazaron una invitación de Macron para reunirse el martes.

El presidente se ha jugado su reputación de reformista con los cambios en las pensiones, que según él son necesarios para evitar miles de millones de euros de déficit cada año a finales de la década.

"Nunca hay que rendirse, ése es mi lema", dijo el viernes antes del veredicto del Consejo Constitucional, mientras visitaba Notre-Dame en el aniversario del incendio que destruyó la célebre catedral de París.

El Gobierno tiene previsto aplicar la nueva legislación a partir del 1º de septiembre.

François Ruffin, diputado del partido de izquierdas LFI, acusó en Twitter al Gobierno de proclamar la ley de pensiones "como ladrones en la noche".

El sistema de pensiones es uno de los pilares del preciado modelo de protección social de Francia, y los sindicatos afirman que se puede encontrar financiación adicional en otros lugares, incluso gravando más a los ricos.

La hostilidad pública a la reforma ha aumentado desde que el Gobierno, que no tiene mayoría en el parlamento, impulsó el proyecto de ley en marzo sin una votación final utilizando poderes constitucionales especiales.

Fuente: NA