El financiamiento de las campañas electorales nacionales en Argentina se regula por ley y establece un sistema de aportes mixto entre el Estado y empresas.

En el caso del estado, se encarga de fijar un mínimo de condiciones para la competencia de los partidos, y los privados pueden realizar aportes pero deben estar bancarizados.

La Ley 26.215 de Financiamiento de los partidos políticos, sancionada en 2006 y modificada este año, es para los cargos de orden nacional y obliga a partidos políticos y agrupaciones a dar cuenta de los gastos de campaña ante la Cámara Nacional Electoral (CNE), con la presentación de un informe una vez finalizado el proceso electoral.

Las mayores diferencias por los cambios aplicados este año pasan por el fin de los aportes en efectivo, la posibilidad de que las empresas participen de las campañas y el aumento del dinero del Estado para la impresión de boletas.

Además, se obliga ahora a que los aportes sean publicados en una plataforma de la CNE disponible en Internet (https://aportantes.electoral.gob.ar/) y se extienda el tiempo para realizar campaña, entre otros cambios.

Lo que se busca con esta plataforma es que, tanto las personas humanas y las personas jurídicas, registren y hagan público los aportes que realizan a las agrupaciones políticas, para la campaña electoral o el desenvolvimiento institucional.