Por segunda vez durante el mandato de Javier Milei, se llevó a cabo una Marcha Federal Universitaria en la que estudiantes, docentes, trabajadores universitarios y organizaciones políticas y sindicales exigieron al Congreso Nacional que insista en la Ley de Financiamiento para las universidades, ante el inminente veto del presidente, según han anticipado desde el Gobierno.

La crisis de financiamiento educativo, particularmente la caída de los salarios docentes y el deterioro de las condiciones del sistema científico, fue uno de los temas principales abordados en el documento central leído en el acto frente al Congreso Nacional. Titulado "La universidad pública, base de la democracia y el desarrollo social, lucha por su supervivencia", el documento de tres páginas fue presentado por Piera Fernández de Piccoli, presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), quien también fue la oradora en la movilización del pasado 23 de abril.

El documento fue respaldado por tres importantes organizaciones que representan a los actores del sistema universitario: la Federación Universitaria Argentina (FUA) por los estudiantes, el Frente Sindical de Universidades Nacionales por los docentes y no docentes, y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) por los rectores.

Estos son los 10 puntos principales del documento:

1. Rechazo al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario y demanda de que el Congreso insista en su aprobación. Exigencia de un aumento presupuestario para las universidades públicas que garantice su funcionamiento pleno y de calidad.
2. Revalorización del sistema científico y educativo como motor de desarrollo y democracia, en lugar de considerarlo un gasto.
3. Rechazo a los recortes salariales de docentes y no docentes, y la exigencia de una paritaria acorde a la inflación.
4. Inversión en infraestructura educativa, que incluye la mejora de edificios y laboratorios, para evitar el deterioro de las condiciones de enseñanza.
5. Apoyo a la gratuidad universitaria, como uno de los pilares de la igualdad de oportunidades en Argentina.
6. Fortalecimiento de la investigación científica, con financiamiento adecuado para que el país pueda competir a nivel internacional.
7. Protección de las becas estudiantiles, como herramienta indispensable para que los sectores más vulnerables accedan y permanezcan en el sistema educativo.
8. Respeto a la autonomía universitaria, como principio fundamental para la libertad académica y el pensamiento crítico.
9. Diálogo con el Gobierno, exigiendo que las autoridades nacionales se comprometan a abrir una mesa de discusión con los actores del sistema universitario.
10. El documento cierra enfatizando que el sistema universitario no es un gasto innecesario, sino una inversión para el futuro y la democracia del país.