Una cuenta única nacional: el plan de Batakis que empieza a despertar resistencias

La idea de una cuenta o una caja única para manejar los gastos de la Nación puede convertirse en uno de los objetivos principales del tándem Silvina Batakis- Martín Miguel Di Bella, nuevo secretario de Hacienda, para ordenar el reparto de los recursos del Estado que se produjo entre las distintas “tribus” que integran el Frente de Todos.

Si bien para los economistas de la oposición se trata de una maniobra contable para financiar las arcas del Tesoro nacional la puesta en marcha de la medida anunciada que, en principio, parece reforzar la autoridad del presidente Alberto Fernández, supondrá centralizar el manejo de los fondos de todos los organismos del sector público nacional y que, según afirmó la nueva funcionaria del gabinete, se trata de una cifra cercana a los 600.000 millones de pesos.

La frase de Batakis, “no vamos a gastar más de lo que tenemos” provocó un silencio atronador entre los funcionarios cercanos a la vicepresidenta, Cristina Fernández, y el nombramiento de Martín Di Bella al frente de la Secretaría de Hacienda, llevó a que dirigentes piqueteros como Juan Grabois, entre otros, estén a un paso de abandonar su apoyo al Frente de Todos y tomar las calles, casi de manera permanente, para resistir los cambios en las reglas del juego.

Un ejemplo de lo que podría pasar con el reordenamiento financiero propuesto por Silvina Batakis dejaría a la agrupación de Juan Grabois sin el manejo del Fondo para la Integración Socio Urbana (FISU),  que según el Ministerio de Desarrollo Social, se trata de una cuenta que “busca garantizar el acceso a la red de agua, cloacas y electricidad, así como regularizar la tenencia de la tierra en favor de los vecinos y vecinas de los más de 5.600 barrios populares”.

Semejante misión no puede estar exenta de enormes recursos dinerarios que, en su momento, fueron otorgados por la administración de Mauricio Macri. El FISU fue heredado por la gestión de Alberto Fernández que lo colocó bajo la dirección de la primera ministra que renunció por las críticas vicepresidenciales, María Eugenia Bielsa, de Hábitat y Vivienda. Desde entonces, pasó a la gestión de la Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social cuya responsable es Fernanda Miño.

La catequista del barrio La Cava es una militante cercana a Grabois y como vecina del barrio fue candidata a intendenta en 2019 en San Isidro. Desde entonces maneja las cuentas de un fondo millonario, cercano a los 70 mil millones de pesos, que se nutre de la recaudación del dólar ahorro, de las compras con tarjetas de crédito en el exterior y de parte del impuesto a las grandes fortunas.

Pero no es el único programa millonario que Batakis quiere auditar y manejar para cumplir con las metas firmadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La masa millonaria de recursos que están diseminados por oficinas del organigrama nacional es inmensa. La ley de administración financiera contempla que existan organismos estatales cuya contabilidad se rija por fuera de los parámetros de la administración central. Descriptos en su artículo 8ª aparecen los entes públicos, las empresas y sociedades del Estado, son pocas las que dan ganancias, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria y de economía mixta y los fondos fiduciarios.

Entre las empresas públicas se cuentan la ex Enarsa y actual IEASA, Integración Energética Argentina, que en los últimos días invernales está produciendo el drenaje de divisas al exterior al pagar servicios de GNL, entre otras licitaciones que ha debido encarar por el alza de los precios de la energía. Pero también se encuentran la deficitaria Aerolíneas Argentinas o  la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse), entre otros emprendimientos que explican el déficit fiscal.

Acerca de los fondos fiduciarios como el que manejan los dirigentes cercanos a Juan Grabois, se contabilizan  26 cuentas más. Entre ellos, el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, el Fondo Fiduciario Subsidios a Consumos Residenciales de Gas Licuado de Petróleo, el Fondo Fiduciario PROCREAR y el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas (FFGAS), todos consolidados por recursos del Tesoro y por inversiones propias.

La prueba de amor a la idea de Batakis y Di Bella será la actitud que tomen ante el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES que conduce la dirigente de La Cámpora, Alejandra Raverta. “Ver para creer” señalaron algunos consultores presupuestarios del Congreso ante la pregunta de NA que inquirió acerca de las posibilidades de avanzar sobre el control del corazón de la ANSES.

La mención del economista platense Martín Di Bella, hincha de Estudiantes, que dirigió ARBA durante la gestión de Daniel Scioli y que en el siglo pasado trabajo en el Palacio de Hacienda bajo las órdenes del equipo de Domingo Cavallo, no es baladí.

Se trata de un economista de bajo perfil experto en “sentarse en la caja” y en obtener resultados positivos de recaudación y cuyo máximo anhelo, controlar los ingresos y gastos de todo el sector público, parece estar a punto de cumplirse porque la Secretaría de Hacienda, para la que ha sido designado, posee todas las herramientas necesarias para tal fin y cuenta, además, con la posibilidad de actuar alejado del foco de la opinión pública que iluminará a Silvina Batakis, a la sazón segunda mujer en ocupar el cargo decisivo en el Palacio de Hacienda luego de la gestión de Felisa Miceli, en 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner.

Precisamente, el extinto Presidente Néstor Kirchner, tenía como una de sus "mano derecha" al funcionario que ocupara la secretaría de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, que actualizaba, diariamente, la planilla de Excel de ingresos y egresos de cada estado provincial, función que cumplió también durante la primera gestión de Cristina Fernández.

Ese poder del secretario de Hacienda podría ser incrementado con los planes de cuenta única de Silvina Batakis, un objetivo que ha provocado el enojo y la desconfianza de una gran cantidad de administradores de fondos públicos camporistas.