El Tribunal Oral que lleva adelante el juicio por la adjudicación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 resolvió continuar con el alegato acusatorio de la fiscalía, pese a las  masivas recusaciones presentadas contra uno de sus representantes, Diego Luciani, y el juez Rodrigo Giménez Uriburu por jugar al fútbol en una residencia privada del ex presidente Mauricio Macri.

Esta mañana, antes de que se iniciara la cuarta audiencia de alegatos, el abogado Carlos Alberto Beraldi, quien defiende a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, presentó un escrito de 20 páginas con la recusación para ambos.

Cuando se inició la audiencia, al menos otros cinco imputados anunciaron que también recusarían al fiscal y al juez, a raíz de la publicación de una serie de fotografías en el diario Página 12 en las que se los ve sonrientes formando parte de un equipo de fútbol en la quinta Los Abrojos, propiedad de Macri.

Además de la vicepresidenta, también anunciaron la presentación de recusaciones las defensas de Lázaro Báez, Julio De Vido, Nelson Periotti, Héctor Garro y Raúl Santibáñez.

No obstante, fuentes del resto de las defensas dejaron trascender que el número de recusaciones podría ser aún mayor.

Los recusantes deberán presentar los fundamentos de sus pedidos de apartamiento por escrito, en tanto que al menos el fiscal Luciani anunció que responderá a los planteos (“puedo hacerlo hoy mismo si quieren”, dijo aún sin conocer los fundamentos del resto) de  manera oral.

Giménez Uriburu no anunció de qué manera responderá a los cuestionamientos y se exhibió en cambio con un mate con un escudo con los colores del equipo de fútbol que integra y que le valió la recusación presentada hoy.

El Tribunal resolvió tramitar las recusaciones por “vía incidental”, es decir, como una cuestión paralela que deben resolver los jueces que no fueron recusados por el momento, mientras el juicio oral continúa con su desarrollo.

De hecho, el fiscal Luciani inició su exposición de hoy embistiendo contra los contratos adjudicados a empresas de Báez para la “remediación de canteras”, por las que –sostuvo- se pagaron más de 200 millones de dólares por obras que consideró que no eran prioritarias.

Luciani, al igual que en todas las audiencias anteriores, repitió una y otra vez que “Lázaro Báez era Néstor Kirchner y Cristina Fernández”, y sobreactuó su “sorpresa” por lo que consideró una “matriz de corrupción”.

Tras una exposición inicial de Luciani, tomó la posta su colega Sergio Mola, quien insistió con la falta de controles en los procesos licitatorios para la adjudicación de obra pública para darle una pátina de legalidad a lo que definió como “una ficción”.

Los organismos que, según el fiscal coadyuvante, debían controlar el proceso licitatorio, “seguían una orden superior que era direccionar la obra pública a las empresas de Lázaro Báez”, afirmó Mola.