Tras varios meses de quedar en segundo plano, la inflación volvió con fuerza al centro de la agenda económica en Argentina. El nuevo esquema cambiario impulsado por el Gobierno, que permite al dólar oficial flotar entre $1.000 y $1.400, provocó una devaluación cercana al 8% durante la última semana de marzo, con impacto directo en los precios.

El cambio de política implicó dejar atrás el “ancla cambiaria” que venía conteniendo parcialmente la inflación: un tipo de cambio fijo con devaluación mensual del 1%. En su lugar, el Gobierno de Javier Milei optó por una flotación administrada que, si bien busca avanzar hacia la normalización del mercado, ya genera una presión inflacionaria en distintos sectores.

Según la consultora PxQ, dirigida por Emmanuel Álvarez Agis, los precios ya muestran una aceleración, aunque menor a la registrada en devaluaciones anteriores. Estiman una inflación de entre 3,8% y 5% para abril. El rubro “alimentos y bebidas”, clave para el consumo diario, aumentó 5,9% en marzo, y ya hay señales de nuevas subas para abril.

En este contexto, el ministro de Economía Luis Caputo destacó que los supermercados rechazaron listas con aumentos de entre el 9% y el 12% de grandes empresas como Unilever y Molinos. La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) ratificó su negativa a aceptar aumentos “desmedidos y especulativos”, aunque desde el Centro de Almaceneros advierten que productos como fideos, lácteos y galletitas ya subieron entre 5% y 7% esta semana, y podrían alcanzar hasta el 10%.

La Cámara de Supermercados Mayoristas (Casma) también se sumó al rechazo de listas con incrementos injustificados. No obstante, la presión sigue, y la mayoría del consumo masivo (75%) se realiza fuera de las grandes cadenas, lo que dificulta el control efectivo de precios.

Más allá del dólar, los aumentos también responden a distorsiones internas. Algunos economistas señalan que la inflación actual se debe a pujas de precios en sectores como educación y alimentos, sumado a desequilibrios en cadenas productivas como la pesquera. Además, alertan sobre la inflación inercial derivada de contratos indexados y tasas de interés en alza.

En ese marco, proyectan una inflación anual del 40% al 45%, más del doble de la estimada por el Gobierno (18%). La “calesita de precios”, como la define Ricardo Arriazu, vuelve a girar con fuerza en un escenario donde muchos bienes y servicios siguen desalineados respecto a su valor real.

A la presión de precios se suma un deterioro del poder adquisitivo. Mientras en el segundo semestre de 2024 los salarios le habían ganado a la inflación, en 2025 la tendencia se revirtió. En los primeros tres meses del año, la mayoría de las paritarias cerraron aumentos inferiores al ritmo inflacionario. Según CP Consultora, el 80% de los convenios monitoreados muestran caídas mensuales reales, con subas que no superan el 2%.

La política oficial de “ancla salarial”, que evita homologar incrementos mayores desde la Secretaría de Trabajo, es ya una fuente de conflicto. Esta situación se profundizaría si la inflación continúa en ascenso durante el segundo trimestre del año.

Más golpeados aún están los trabajadores informales, cuentapropistas y jubilados, sectores que representan dos tercios del mercado laboral. Con ingresos deteriorados, el riesgo de un repunte inflacionario se traduce en caída del consumo y potencial aumento de la conflictividad social.