En un giro de fuerte impacto institucional en el litigio por la expropiación de YPF, el gobierno de Estados Unidos se presentó ante el tribunal de la jueza Loretta Preska para manifestar su oposición al pedido de los fondos demandantes de declarar a la Argentina en desacato y aplicarle sanciones económicas.

En un documento de 29 páginas, el Departamento de Justicia estadounidense sostuvo que los litigios en tribunales de Estados Unidos contra Estados extranjeros pueden tener implicancias relevantes en materia de política exterior y afectar el trato recíproco que reciba el propio gobierno norteamericano ante los tribunales de otras naciones.

La presentación también subrayó los esfuerzos realizados por la Argentina para cumplir con los requerimientos de discovery orientados a obtener comunicaciones de altos funcionarios vinculadas a entidades estatales, pedidos que consideró incompatibles con principios de cortesía y reciprocidad propios de los litigios contra Estados soberanos.

El escrito concluye que la moción de los demandantes para que se dicten sanciones económicas y medidas adversas por desacato no se ajusta a los principios de cortesía internacional ni a la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras de Estados Unidos y, por lo tanto, debe ser rechazada.

El origen del conflicto

La controversia se concentra en la etapa de discovery, es decir, el intercambio de pruebas. Los beneficiarios del fallo, encabezados por el fondo Burford Capital, sostienen que la Argentina incumplió de manera sistemática las órdenes de la jueza Preska.

En ese marco, solicitaron que el país sea declarado en desacato y que se le imponga una multa coercitiva de un millón de dólares diarios hasta que entregue la información requerida, que incluye comunicaciones privadas de funcionarios y datos sobre activos soberanos.

El pedido de sanciones se formalizó a comienzos de este año, luego de que el fondo denunciara una supuesta conducta de mala fe por parte de la defensa argentina. Según los demandantes, el país no entregó información off channel, como mensajes de WhatsApp y correos electrónicos de exfuncionarios y funcionarios actuales, entre ellos el ministro de Economía, Luis Caputo, y el exministro Sergio Massa.

Los fondos sostienen que la Argentina utilizó tácticas dilatorias para evitar la identificación de activos embargables que permitan cobrar la sentencia de 16.100 millones de dólares. Además de la multa diaria, solicitaron una orden de preclusión para que el tribunal considere como un hecho que entidades como el Banco Central de la República Argentina, el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y la propia YPF funcionan como alter ego del Estado, lo que facilitaría eventuales embargos.

Según la postura de los demandantes, la multa de un millón de dólares diarios, que sumada a los intereses del fallo elevaría el costo diario del litigio a unos cuatro millones de dólares, sería la única herramienta eficaz para forzar el cumplimiento de las órdenes judiciales.

La defensa argentina

Desde la Procuración del Tesoro de la Nación rechazaron la acusación de desacato y calificaron el planteo como una estrategia de hostigamiento destinada a presionar al país.

La Argentina sostiene que existen límites constitucionales y legales que impiden entregar determinada información, especialmente aquella vinculada a activos que gozan de inmunidad soberana, como las reservas del Banco Central. El debate ahora queda en manos de la jueza Preska, quien deberá resolver si hace lugar o no al pedido de sanciones.