Córdoba sancionó la ley que regula el juego online
Durante la 40° sesión ordinaria del 143° periodo legislativo quedó aprobado el Proyecto de Ley N° 34270/L/21, que establece la regulación de la actividad del juego online en sus distintas modalidades y en el ámbito de la provincia de Córdoba. La iniciativa tiene como autores a los legisladores Orlando Arduh, Silvia Paleo, Darío Capitani, Raúl Recalde y Alberto Ambrosio.
La legisladora Silvia Paleo, coautora del proyecto, expresó en tanto miembro informante: “Esto no es una habilitación masiva y descontrolada”. Dijo Paleo: “Estamos proponiendo una regulación”, al tiempo que señaló que “Córdoba no es pionera en este tema”, sino que “son muchos los distritos en nuestro país que tienen iniciativas similares”, y que se trata de un tema que se viene regulando en Argentina y el mundo.
“Algunos —siguió la legisladora— me preguntan ‘por qué regular’. Bueno, porque el único camino posible hacia un juego responsable, como ya dije, es responsabilidad del Estado. Y por eso planteamos este proyecto. El único camino posible hacia un juego responsable es tener un juego seguro, y para eso hay que fijar pautas, pautas claras y concretas para las empresas operadoras y los usuarios”, agregó.
También dijo Paleo: “Ojalá pudiéramos dedicarnos únicamente a sancionar leyes sobre temas felices, sobre temas que nos resulten cómodos, sobre temas que moralmente no tengan ningún reproche, sobre temas sin polémica”.
“La verdad, tenemos que trabajar sobre los temas que nos impone la realidad, y el juego en línea clandestino es una realidad en Córdoba. Hay que animarnos a dar los debates sobre los flagelos que aquejan a los cordobeses, para proponer soluciones y diseñarlas juntos. Nadie tiene una respuesta definitiva para arreglar los problemas”, cerró.
A tales efectos, la ley establece como actividades comprendidas en su ámbito de aplicación a los “juegos de casino -de mesa y máquinas electrónicas de juegos de azar automatizadas-”, “las apuestas deportivas”, así como “loterías” y aquellas otras “que se definan por vía reglamentaria”, en las que “se arriesguen cantidades de dinero sobre resultados futuros e inciertos, con independencia que predomine en ellos el grado de destreza de los jugadores o sea exclusivamente de suerte o azar”.
Asimismo establece prohibiciones subjetivas de acceso para menores de edad, personas que figuren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y accionistas o propietarios de licencias de juego, entre otros.
Por su parte, el legislador Orlando Arduh, coautor del proyecto original, expresó: “Lo cierto es que muchos menores hoy están sin control en estas plataformas, que las grandes y pequeñas empresas ponen a disposición sus servicios sin tributar un solo centavo al Estado provincial. Tergiversar el debate, impedir su tratamiento, es desconocer lo que efectivamente está ocurriendo, como si algún artilugio mágico, dejar de hablar sobre el tema o dilatar su discusión, obrara el milagro de que desapareciera y disminuyeran los porcentajes de pobreza en nuestra provincia“.
Y agregó Arduh: “La verdad es que el supuesto al que la mayoría se aferra sobre que aumentará la pobreza es justamente eso: un supuesto que, para la tranquilidad de todos, una vez que la ley comience a aplicarse, si es necesario, se harán todas las modificaciones que hagan falta para ir en contra de ese flagelo estructural, y hacer de esta ley la mejor posible”.
Cabe destacar que el texto definitivo incluyó modificaciones tales como la referida a la participación de personas jurídicas nacionales en las uniones transitorias (UT) en las que aquellas se asociaren con empresas extranjeras. Mientras que el proyecto original fijaba la participación de esas empresas nacionales en el 35 por ciento de las UT, la norma aprobada disminuye ese porcentaje al 15 por ciento.
Del mismo modo, la ley sancionada aumenta la cantidad de licenciatarios de cinco que proponía el primer texto a 10, con la posibilidad de ampliar ese número a 20. También disminuye a 15 los años de plazo de las licencias, que en el proyecto original se fijaba en 20, al tiempo que establece que el destino del canon, en su totalidad, será destinado a asistencia social.