La Comisión de Salud trabajó en un proyecto de ley para regular el acceso a los servicios de salud públicos de pacientes de fuera de la provincia de Córdoba.

Se trata del Proyecto de Ley 39002/L/24 que, además, establece un régimen de reciprocidad, compensación y aranceles por las prestaciones sanitarias.

Estuvieron presentes en la reunión Marta Guerreño y Renata Santos -presidenta y secretaria, respectivamente- de la Unión de Colectividades de Inmigrantes Córdoba; Angélica Alvites, de la Comisión Política de la Red Nacional de Líderes Migrantes en Argentina e investigadora del Conicet en temas migratorios; y funcionarios del Ministerio de Salud: Gonzalo Cima, director general de Asuntos Legales; y Sebastián Monasterolo, Pablo Lutherini y Carla Luna, del área de recupero de gastos.

En su articulado, el proyecto establece atención gratuita para los extranjeros “en la medida que exista un convenio de reciprocidad efectivo con su país de origen, en igual trato”. En caso de no haber un convenio que garantice el recupero de gastos, el Poder Ejecutivo deberá instrumentar un “mecanismo adecuado para solventar los costos de la prestación” mediante la fijación de tasas retributivas o aranceles.

Para pacientes de otras provincias, la norma apunta a acuerdos con gobiernos provinciales y, en los casos de “urgencias y emergencias”, el texto garantiza la atención, independientemente de la procedencia.

El legislador Juan Pablo Peirone presentó el contenido de la iniciativa, de la cual es coautor, y señaló que el proyecto “no busca discriminar a nadie”, pero apuntó a los “tours de extranjeros” que vienen a Córdoba a operarse o a beneficiarse con procedimientos médicos que los cordobeses tienen que pagar.

En el turno de los invitados, Angélica Alvites reconoció que el sistema de salud es crítico, pero “culpar de ello a una población minoritaria no tiene fundamento”. En ese sentido, la Comisión Política de la Red Nacional de Líderes Migrantes en Argentina dijo que según el último censo la población migrante en Córdoba es del 1,72% y, de ella, tan solo el 0,87% carece de obra social. La Unión de Colectividades de Inmigrantes Córdoba también criticó la iniciativa.

Por su parte, los funcionarios del Ministerio de Salud explicaron el funcionamiento del sistema de recupero de gastos que aplica la Provincia. También dijeron que se trabaja con otras judisdicciones –especialmente provincias vecinas- para mejorar esos mecanismos, y que los aranceles que se aplican son los mismos que los de Apross.

Desde el área gubernamental negaron tener datos estadísticos sobre la supuesta existencia de tours médicos, así como que la crisis del sector sea debida a la atención de pacientes de otros distritos.

Legisladores de otros bloques reconocieron las dificultades que atraviesa la salud pública cordobesa y destacaron la necesidad de trabajar por la sustentabilidad del sistema. “El Estado debe garantizar la atención de cualquier persona, luego veremos cómo recuperamos los gastos”, sintetizó el legislador Gustavo Tévez.

La comisión, que estuvo presidida por el legislador Cristian Frías, determinó pasar a archivo el proyecto de ley.